La Minga representa un claro ejemplo de una acción colectiva que, como señaló Mónica Espinosa Arango, profesora de Antropología de la Universidad de los Andes, se ha constituido en una "herramienta política de resistencia" (Departamento de Antropología, 2019), a través de la cual se pretenden cambios fundamentales para la exigibilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Principalmente, se exige el derecho territorial y de pervivencia física y cultural, así como la reclamación de derechos ancestrales y de la Madre Tierra, aunque su exigibilidad no necesariamente se da en el ámbito legislativo y jurisdiccional, pues, la relación entre el derecho, la política y el activismo de los movimientos sociales es compleja y multidireccional 1.

El presente artículo busca acercarse al estudio de la dinámica y la interacción que existe entre el movimiento social denominado La Minga con la reestructuración normativa y la incidencia política en Colombia, a partir de lo que Gunier y Torres (2014) denominan "demosprudencia". Para este estudio, se plantea el análisis de dos parámetros: 1) examinar por qué este proceso de protesta y demandas de la sociedad civil constituye un movimiento social, particularmente con un liderazgo de las etnias indígenas Nasa, Pijao y Yanacona (Departamento de Antropología, 2019) quienes han sido víctimas de sistemáticos genocidios, epistemicidios y se han vulnerado sus derechos culturales, colectivos y territoriales; y, 2) analizar los motivos que propiciaron su aparición, repertorio y discurso; su organización y experiencias exitosas, y si las mismas han propiciado cambios cualitativos en la democracia, concretamente colombiana, e incidido en el ámbito político y normativo.

La reflexión de este artículo no solo permitirá observar la trayectoria y relevancia en el contexto colombiano de un movimiento rural como es La Minga, sino su posible influencia en otros procesos de movilización social, afrodescendiente, campesina, e incluso urbana, convirtiéndose así en una "minga nacional por la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz", (Profesores del Departamento de Antropología, 2019) y de manera más amplia, influyendo en la movilización social latinoamericana.

La minga, etimológicamente hablando, ha tenido muchos significados. Tradicionalmente, la palabra minga se ha utilizado para explicar una práctica ancestral de toda la región andina, no únicamente en Colombia. Esta práctica implica el trabajo colectivo para un propósito común que busca el bienestar de la comunidad, tradicionalmente, se la ha usado para sembrar, abrir caminos, tumbar monte o construir puestos de salud y escuelas, entre otras actividades (Departamento de Antropología, 2019); pero el término es concebido como un "trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad", así como "una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco, que actualmente está vigente en varios países latinoamericanos" (Sánchez, 2021). Es una fiesta, una oportunidad para compartir, intercambiar y consolidar los lazos comunitarios, sin embargo, los indígenas del Cauca le han otorgado otro significado a la palabra, proponiendo "La Minga de Resistencia" que ha transformado su uso a uno de carácter político de movilización social, el cual nace como denuncia a la opresión y violencia 2, debido a la ausencia de "espacios de discusión democrática y de participación" (Departamento de Antropología, 2019). Según la profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y anterior presidenta de la Asociación Colombiana de Antropología, Alhena Caicedo, "La Minga se ha convertido en una vía de los pueblos indígenas de Colombia para ser escuchados" (Departamento de Antropología, 2019). La Minga ha sido el mecanismo a través del cual los pueblos indígenas del Cauca han ejercido su exigibilidad sociopolítica frente al incumplimiento de acuerdos por parte del Estado colombiano, y así es como han alzado su voz frente a la crisis humanitaria en sus territorios que ha cobrado la vida de sus líderes sociales.

Adicionalmente, por medio de La Minga, los grupos indígenas y demás grupos sociales que se han anexado al proceso de exigibilidad social han visibilizado cómo los incumplimientos se deben a "la prioridad que se le ha dado a un modelo de desarrollo centrado en grandes emprendimientos extractivos y agroindustriales que dejan de lado a las comunidades locales y aumenta la brecha de la desigualdad social, especialmente en el campo" (Departamento de Antropología, 2019).

En este sentido, se puede observar que La Minga se ha constituido en un movimiento social que reúne algunos elementos descritos por 3, como el propósito de alcanzar una verdadera transformación social, y la aspiración de tener una sociedad diferente y mejor. Así mismo, han empleado una gran variedad de tácticas simbólicas disruptivas como protestas y marchas, pretendiendo detener las prácticas sociales de exclusión, y exigiendo ser escuchados. Se trata entonces de un movimiento social, ya que representa acciones coordinadas realizadas de manera sistemática, y se convoca a muchos sectores de la población, al punto de llegar a convertirse en un levantamiento indígena, social y campesino; "un escenario que, sin duda, ha incluido de manera amplia y plural a sectores populares, afrodescendientes y campesinos. Además de estudiantes y ambientalistas en distintos departamentos del país" (Departamento de Antropología, 2019).

Un elemento que constituye una acción relevante y específica de los movimientos sociales es el poder que tienen los grupos convocantes para organizarse, coordinar sus acciones y mantener interacciones que sean capaces de perdurar en el tiempo mientras persiguen sus objetivos; además, cuando se apoyan en símbolos culturales y en redes sociales obtienen grandes resultados. Sin embargo, no todas las acciones colectivas son merecedoras de llamarse movimientos, a pesar de la diversidad de movilización social y política, ya que para llamarse así, se requiere principalmente la capacidad de mantener las acciones colectivas frente a los desafíos presentados por oponentes poderosos 4.

Cuando hablamos de marcos de acción colectiva y de grupos que luchan contra "oponentes poderosos", reafirmamos a La Minga como un movimiento social que ha tenido que enfrentar a varios actores armados de diversa índole, incluyendo al propio gobierno colombiano en el marco de los procesos de exigibilidad. Para este tipo de luchas, se ha creado un brazo de acción política no armado denominado Guardia Indígena que se concibe por las comunidades como un organismo ancestral y un mecanismo de resistencia, que les posibilita defender su autonomía territorial. Esta Guardia Indígena, que inicialmente operaba en Cauca, se ha extendido a otros departamentos como Nariño, Tolima, e incluso Bogotá, como forma de resistir a la violencia generalizada 5. Actualmente, no solo en el Cauca se pueden observar cómo emergen guardias plurales, cimarronas (en el Chocó y otros departamentos con alta población afrodescendiente), y campesinas.

La Minga se ha consolidado como movimiento social, debido a que involucra más de una acción colectiva coordinada, un mecanismo que permite mantener la memoria histórica de los pueblos ancestrales y renovar constantemente los vínculos intersubjetivos de quienes la practican. Se trata de un movimiento social, además, por la apertura de la organización hacia otros sectores de la sociedad colombiana, que también han estado sometidos a las mismas violaciones históricas de derechos como lo han sido los pueblos indígenas, ausentes de espacios de representación y participación efectiva. En este sentido, campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantes y muchos otros grupos han sido parte del movimiento; su accionar desde sus inicios ha tenido un carácter claramente político y se ha orientado en dos direcciones. Por una parte, a rescatar aprendizajes del movimiento campesino en la lucha por la tierra, y; por otra, el uso del marco legal que les ha posibilitado tener un nivel de incidencia ante el Estado, siendo sus interlocutores mayormente no indígenas 6.

Los pueblos y nacionalidades de la República de Colombia inician su reivindicación identitaria y organizativa a través de la aparición de estructuras regionales y nacionales a comienzos de 1971, con la convocatoria de 14 cabildos y resguardos, que culminaría en la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC (2022). Esta agremiación convocó a la unión de los pueblos indígenas de toda Colombia, y así en ese mismo año nació la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2022), organismo desde el cual empiezan a tomar fuerza las demandas de los pueblos históricamente olvidados. En esta organización, se buscaba reivindicar el derecho a las personas de la tierra y los territorios ancestrales, de los cuales habían sido despojados en la acelerada expansión agrícola sin control efectivo estatal. A partir de la Constitución de 1991 a las comunidades indígenas en Colombia, se les reconoció su condición de pueblos ancestrales y por medio de la carta magna se incorporó la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia haciendo efectivo el reconocimiento de la igualdad en la diversidad, incluyendo el sistema normativo propio y la jurisdicción indígena como parte del cuerpo legal nacional y reconociendo la diversidad étnica como una forma de pluralismo jurídico 7.

A pesar de esta reivindicación normativa, las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se desarrollaba la vida de los pueblos indígenas no se transformaron como debían y seguían siendo críticas. Sus afectaciones, por ejemplo, en relación con el conflicto armado, han sido desproporcionadas, al punto de que, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones de derechos humanos dicen que: muchos grupos indígenas están en eminente peligro de extinción y el peligro más grande proviene de los soldados del gobierno y de los paramilitares respaldados por el ejército, quienes los amenazan, los intimidan, y los acusan de complicidad con los insurgentes, desplazándolos de sus tierras. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables ante los efectos del desplazamiento, puesto que su cultura es especialmente dependiente de la tierra. (Wirpsa et al., 2014) Dado que las reivindicaciones multiétnicas e igualitarias promulgadas en la Constitución no consiguieron el impacto social esperado por las organizaciones indígenas, estas se activaron, se organizaron y protestaron en el 2008, bloqueando carreteras neurálgicas, especialmente al sur del país. De esta manera, y por las características que contiene esta protesta/levantamiento, y por todo lo antes expuesto, surge La Minga como un movimiento social, que ha tenido una relevancia esencial para la resistencia, convocatoria y demanda de derechos, con una incidencia nacional en Colombia.

La Minga como fenómeno colectivo ha propuesto transformaciones democráticas para el pleno y efectivo goce de los derechos promulgados en la Constitución de 1991. En su historia de movilización social ha tenido varios momentos.

Son más de 50 las mingas que el movimiento indígena y campesino del sur del país ha realizado en las últimas dos décadas. Si bien el reclamo de las comunidades ancestrales es de vieja data, solo a partir de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Estado adquirió compromisos firmados en papel, como el decreto 982 de ese año, que contiene políticas públicas en beneficio de estas comunidades (Bolaños, 2019).

A lo largo de su participación en protestas sociales, los miembros de La Minga con sus bastones de mando al hombro y un himno cumbiero que reza "defender nuestros derechos, así nos toque morir", se han enfrentado a todos los gobiernos exigiendo que se cumplan sus demandas sociales y derechos colectivos (BBC News Mundo, 2020). La Minga, vista de esta manera, surge y se transforma a ser una vía para exigir cambios estructurales frente a las necesidades de los pueblos indígenas, como un instrumento de presión al estado para obtener respuestas a sus problemas y desafíos. Como podemos ver y por su connotación histórica La Minga representa la unidad de los pueblos, pero en este caso, como una unidad para la protesta, resistencia y lucha para reivindicar sus derechos.

Año a año han surgido nuevas demandas sociales, y por ello los motivos de movilización de La Minga se han diversificado. Están: el respeto por la vida de sus liderazgos; la exigibilidad de garantías para la defensa de los derechos; detener el desmonte del derecho a decidir sobre su futuro a través de la consulta previa (El Heraldo, 2022); el cese a la violencia estructural y sistemática en el que las comunidades se han sumido por parte del estado y grupos paramilitares; la persecución judicial y estigmatización en medios de comunicación; el cese a la criminalización de la protesta social pacífica; detener del conflicto armado; el cumplimiento de los Acuerdos de Paz; la eliminación inmediata de la explotación de minerales, el petróleo y megaproyectos en sus predios ancestrales que contaminan física y espiritualmente a las comunidades; y, por último, el cuidado del agua, la tierra y los recursos naturales. Las demandas del año 2008, en lo fundamental, conminaban al Estado colombiano a la suscripción de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el 2020 transitaron a exigir la implementación de los Acuerdos de Paz. La mayoría de los motivos que convocaban a La Minga desde su inicio siguen siendo las mismas hoy en día (Mantilla, 2020), pero a estas se les han sumado motivos de coyuntura que han llegado a cumplir un papel crucial en el desarrollo de su agenda política y de movilización social.

Han existido intentos de deslegitimar a La Minga ante la opinión pública como un grupo violento que aterroriza a la ciudadanía (CRIC, 2022), aun cuando se conoce que los guardianes del territorio se movilizan pacíficamente con su simbólico bastón de mando como único elemento de defensa, sin embargo, La Minga ha tenido un papel fundamental en el apoyo a movilizaciones pacíficas ciudadanas en Colombia. El mejor ejemplo es la participación que tuvo durante el Paro Nacional de 2021, dando apoyo a la llamada Primera Línea, una resistencia juvenil espontánea organizada para la protección de los protestantes sociales en Cali, Bogotá y otras grandes ciudades de Colombia. Este movimiento con el paso del tiempo ha ido tomando fuerza siendo un referente en América Latina para el surgimiento de otras agrupaciones similares y entablando diálogo con organizaciones de países como Ecuador con la CONAIE, FENOCIN, FEINE, convergiendo en luchas comunes para la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El discurso de La Minga, en suma, incluye la exigibilidad del derecho a la tierra y territorio, el respeto a la vida y a la protesta social como un ejercicio participativo y legítimo de reclamo pacífico; las garantías para el ejercicio de sus formas propias de organización y liderazgo territorial, además de su identidad como guardianes de los territorios. La generación de empatía en sus causas redunda en que La Minga defiende incansablemente la vida, lucha por la autonomía territorial, un gobierno propio para el ejercicio de su pensamiento y cosmovisión indígena, que lleva al desarrollo pleno de su vida, espiritualidad, y respeto a su territorio, teniendo una efectiva participación democrática e incluyente. Es así como, La Minga constituye una de las manifestaciones sociales con mayor reconocimiento de defensa de derechos democráticos enmarcada en la cultura de la resistencia indígena y social en Colombia. La recuperación de los imaginarios ancestrales a través de La Minga hace que sea posible potenciar la Pedagogía de Resiliencia para la Paz (Mora y Correa, 2020), que redunda en la exigibilidad de una tranquilidad duradera, incluyente, propia y territorial. sean percibidos como protectores pacíficos de la protesta en momentos de profunda deslegitimación de la movilización social, en especial por parte de los medios de comunicación y opinión pública, que han proporcionado graves situaciones de violencia policial.

Si bien La Minga no cuenta con un sitio web propio, la difusión de información relacionada con el movimiento se comparte a través de los sitios web oficiales de las organizaciones que la componen, entre ellos están: el CRIC (2021). En tal sentido, parte de la estrategia de comunicación de este movimiento social, así como la determinación de su público objetivo para la realización de protestas, radica en el posicionamiento del CRIC y su red de organizaciones aliadas a nivel local y nacional. A manera de ejemplo, el 30 de abril de 2021, comunicaron "Una vez más, la fuerza del movimiento indígena nacional se une para gritarle al gobierno que no está de acuerdo con sus políticas de exterminio físico y cultural. Se invita a las comunidades indígenas del Cauca, a unirse a la gran Minga Nacional en rechazo a las políticas de muerte del gobierno nacional" (CRIC, 2021). En un mundo en el que, la globalización tecnológica, la digitalización y la inmediatez de las comunicaciones y la estrategia de redes sociales utilizada correctamente, permite el crecimiento de asociaciones y movimientos sociales, el caso del CRIC como aliado para La Minga, es importante, ya que suma en sus cuatro redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) un total de 258872 seguidores. No obstante, él uso de los medios informativos tradicionales, ha generado que el movimiento social por medio del CRIC cuente también con canales de comunicación como la Emisora Virtual de los Pueblos, cuyo contenido tiene eco a través de las Emisoras Indígenas Filiales Red-AMCIC (CRIC, 2021).

Por otra parte, la capacidad organizativa de La Minga ha permitido que, en situaciones sumamente complicadas, como la pandemia por COVID-19, dicho movimiento social estableciera la denominada "Minga hacia adentro" como estrategia de cuidado y pervivencia durante la emergencia sanitaria. Asimismo, en ese periodo, la organización de La Minga, en línea con su lucha de gobernanza territorial que incorpora la lucha por la soberanía alimentaria, permitió también la entrega de canastas con alimentos a las comunidades urbanas más pobres en Popayán. Así, "El 20 de mayo, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, salió a las calles de la capital caucana, para realizar la entrega de 5000 mercados a los diferentes sectores populares que se han visto afectados por la falta de alimentos durante la cuarentena" (Kaosenlared, 2020), generando alianzas con el área urbana, además de empatía y reciprocidad.

También, en momentos en donde La Minga ha sido parte de levantamientos o protestas, sus estrategias organizativas han incluido; primero, la movilización física y logística, para lo cual cuentan con carros propios y las denominadas "chivas" logrando transportar a sus propios integrantes y a otros actores de diversos movimientos sociales, además de asegurar alimentación para toda la comitiva a través de ollas comunitarias; "durante la minga se canta, se teje y se realizan diferentes actividades propias de la tradición, cultura y memoria de los pueblos. La misma, incluso, cuenta con la participación de las personas mayores y de las niñas y niños" (Departamento de Antropología, 2019). Durante La Minga, se paran sus actividades, y ello requiere un músculo organizativo y cooperativo importante para que no impacte negativamente la subsistencia al retorno de los miembros de La Minga a sus territorios. Un segundo aspecto consiste en la seguridad, para lo cual la Guardia Indígena tiene un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, así como del territorio, cultura y autonomía indígena (Comisión de la Verdad, 2020). La Guardia protege a los mingueros y blinda al proceso de infiltrados no deseados, que generan violencia y deslegitiman la movilización.

El proceso de La Minga porta un profundo respeto por la tierra y el territorio, como ya se ha mencionado, que hacen visible a lo largo de su marcha bajo procesos de profunda sacralidad, ya que la tierra como parte de la naturaleza es trascendental en su caminar. Por ello, una de las mingas más fuertes ha sido precisamente la del proceso de liberación de la Madre Tierra, una lucha por el respeto a la naturaleza y al territorio ancestral (CRIC, 2021). Además, La Minga cuenta con una logística solidaria para la estadía de las y los mingueros durante el desarrollo de la misma. Ha logrado establecer estrategias y alianzas con diferentes asociaciones, organizaciones y dirigentes estudiantiles a fin de poder resguardarse y permanecer en instalaciones universitarias, tal como ha sucedido en diferentes ocasiones con la Universidad Nacional 8 y la Universidad Pública de Cundinamarca, sede Fusagasuga (Espinoza, 2008). Ello materializa la construcción de redes con sectores estudiantiles que se unen a sus demandas sociales.

Finalmente, en las estrategias del ámbito legal, están en gran medida concentradas en el trabajo legislativo de los representantes políticos de La Minga dentro del Congreso de la República, esto considerando que desde la Constitución de 1991 (Constitución Política de Colombia, 1992, se establecieron dos curules indígenas en el Senado y uno en la Cámara de Representantes. Dichos puestos han sido ocupados por varios mingueros y mingueras que en determinado momento han representado y hecho escuchar la voz de las luchas de La Minga en el poder legislativo.

En definitiva, como ya se ha establecido, La Minga tiene un vínculo directo con los pueblos indígenas, por ello resulta procedente hacer mención particular de un proceso en sede judicial sustanciado ante la Corte Constitucional de Colombia, en la que se alegó la vulneración de varios derechos de personas indígenas. Dicho proceso es el T-462A/14, conocido también como caso Salvajina, en el que se alegaron como vulnerados los derechos a la vida, a la integridad personal y al debido proceso de las comunidades de los Resguardos Honduras y Cerro Tijeras, frente a lo cual, la Corte resolvió, entre otras, ordenar a la Empresa de Energía del Pacífico S.A., que "en el término de seis (6) meses […] culmine la consulta previa del Plan de Manejo Ambiental que ya se viene adelantando y garantice verdaderos espacios de consulta y de participación a las comunidades indígenas" (Caso Resguardos Honduras y Cerro Tijeras, 2014). No obstante, pese a que el mencionado fallo obedece al año 2014, hasta el 2021 aún no se daba cumplimiento a lo ordenado por la Corte, por lo que el CRIC con fecha 17 de septiembre de 2021 emitió un comunicado indicando: otorgó medidas cautelares a favor de sus miembros debido a los homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia contra aquel grupo. Así, la CIDH solicitó al Estado colombiano:

adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida.

Cabe mencionar que el proceso de Liberación de la Madre Tierra, como estrategia La Minga para la restitución de los territorios ancestrales por vías de hecho, se encuentra en constante tensión con los procesos de litigio frente a la propiedad de la tierra por parte de los terratenientes de la industria de la caña. En este sentido, la acción de invasiones de tierras es un mecanismo que utiliza La Minga y que produce una tensión entre lo legal, lo ilegal y lo legítimo: "el Pueblo nasa del Norte del Cauca resiste al despojo y desplazamiento al que han sido sometidos mediante la liberación de la madre tierra, proceso político de toma de haciendas" (Vargas y Ariza, 2019).

La Minga ha tenido una fuerte agenda de presión directa al gobierno nacional, obligando a través de vías de hecho -como los bloqueos de vías, movilizaciones hacia la capital e invasiones de haciendas-a una interlocución con el Estado, exigiendo audiencias públicas. En 2008, en diálogos con el gobierno de Álvaro Uribe, exigieron la presencia del Relator Especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en calidad de observador del diálogo 9. Con el gobierno de Juan Manuel Santos la tensión continuó, negándose a negociar con la "Minga Agraria" en 2016 (TeleSur TV, 2016) -profundamente contradictorio mientras se desarrollaban las negociaciones de paz con las FARC-, y cediendo al diálogo posteriormente en 2017, donde el CRIC relevó los incumplimientos a acuerdos en tierras, educación y autonomía de las comunidades indígenas del Cauca 10. La estrategia gubernamental de negativa de audiencia con La Minga persistió hasta el pasado gobierno de Iván Duque, que optó "por desentenderse del asunto, quizá con la ruin esperanza de que la masacre de sus líderes a manos de los grupos armados doblegue la voluntad del movimiento" (García, 2020).

Este se constituyó en un momento de agravada deslegitimación del accionar estatal, especialmente debido a la violencia policial ejercida contra la protesta social, y al mismo tiempo uno sin precedentes en la visibilización de La Minga a nivel nacional, con un reconocimiento de su liderazgo en el marco del Paro Nacional de 2021. Dicha movilización ya desde 2019 mostraba su persistencia en mayor medida en comparación con las nueve Mingas anteriores desarrolladas en las últimas dos décadas. 11. Las relaciones con el actual gobierno nacional aparentan ser más fluidas, dado su amplio apoyo social, y una agenda que comienza a construirse de forma conjunta. "Territorio, paz y garantías, son los temas agendados por la comisión política de la Minga Popular, Social y Comunitaria, del sur occidente colombiano" agrupando a campesinos, afrocolombianos, sindicales, indígenas y colectividades urbanas de Valle del Cauca, Nariño y Cauca (CRIC, 2022). Sin embargo, las reservas que La Minga, y en general los procesos indígenas tienen frente al accionar estatal, persisten, y la confianza deberá consolidarse a través de la materialización de reivindicaciones y resarcimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos de las comunidades.

Por otra parte, La Minga indígena ha motivado la movilización de La Minga de Suroccidente, con participación de comunidades y organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas del suroccidente de Colombia, y transcendiendo para consolidar una Minga Nacional, esto, ocurrió particularmente en la protesta social entre 2019 (ONIC, 2019) y 2021 (CRIC, 2021). Esta interrelación entre los movimientos sociales ha permitido la aparición de guardias cimarronas y campesinas a partir del aprendizaje de la Guardia Indígena, que unen fuerzas en su acompañamiento a la protesta social 12. Además, la legitimidad de La Minga se ha extendido a otros sectores sociales, como son la academia -el apoyo proclamado por diferentes universidades públicas y privadas, incluso a nivel latinoamericano-, (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

A través del presente análisis se descrito los aspectos más fuertes de La Minga, los cuales la han representado como legitimadora, protectora e impulsadora de la protesta social ampliada en Colombia en los últimos años. Pero dicho rol fue construyéndose a partir de los procesos históricos de movilización desde la década de 1970, comenzando por la reclamación del derecho al territorio ancestral y la Liberación de la Madre Tierra, pasando por la exigibilidad de goce efectivo de los derechos étnicos colectivos proclamados en la Constitución de 1991, luego abanderando el respeto por la vida, el territorio y la naturaleza, en un contexto de agravamiento del conflicto armado, y más recientemente la demanda por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP.

La Minga ha sido relevante no solo para los pueblos indígenas del Cauca, sino para los grupos étnicos en el suroccidente colombiano, y para la movilización social colombiana en general. Esta es percibida como legítima y cercana a los sentires y necesidades de diversos sectores sociales, sembrando empatía desde las y los mingueros hacia afuera. La Minga Nacional, Social y Popular del 2021 cristalizó dicho liderazgo, llegando a las ciudades de mayor movilización y más emblemáticas en el marco del Paro Nacional, como Cali y Bogotá. Sus estrategias comunicativas, redes y alianzas fortalecieron el impacto, que incluso podría haber tenido incidencia en el triunfo en la contienda electoral por la presidencia en 2022, que por primera vez trajo al proyecto político de izquierda al poder después de 200 años de historia republicana de Colombia. Además, la incidencia de la estrategia de Liberación de la Madre Tierra ha puesto sobre la agenda política la reclamación de los territorios ancestrales, y la necesidad de atender las causas estructurales del conflicto armado en Colombia: la distribución inequitativa de la tierra. En la coyuntura actual, una de las prioridades del gobierno de Gustavo Petro precisamente ha sido la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo de Paz.

En clave de replicabilidad, por ejemplo, La Minga, y particularmente la Liberación de la Madre Tierra, puede ser impulsora de procesos de exigibilidad de derechos a la tierra y el territorio en América Latina y el Caribe. Existen antecedentes como fue el Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra que tuvo lugar en el norte del Cauca y contó con la participación de liderazgos indígenas latinoamericanos (CENSAT, 2017). Por otra parte, el éxito del movimiento social a través de su estrategia de autoprotección por medio de la Guardia Indígena, que ya ha sido replicada como guardia cimarrona (afrocolombiana) y guardia campesina, tiene espacio de ser una estrategia aplicada en otros contextos de la región. En el caso de Ecuador, comienza a ser una apuesta relevante, inspirada en el caso colombiano, para la resistencia de las comunidades indígenas frente al contexto de coacciones por parte de los procesos extractivistas, entre otras presiones que experimentan los pueblos y nacionalidades originarias (Alvarado, 2022). Las guardias indígenas permiten la reivindicación de los derechos colectivos, que incluyen la autogobernanza o gobierno propio y la autodeterminación, por ejemplo, expresada en la exigibilidad de cumplimiento de la consulta previa.

Las amenazas más prominentes a La Minga resultan de la persistencia de los riesgos de seguridad, falta de garantías y protección a los liderazgos sociales en Colombia, debido al agravamiento nuevamente de la confrontación entre diversos actores armados, legales e ilegales. Superar dicho contexto implica una fuerte voluntad política del actual gobierno nacional, que pareciera una de sus políticas principales ha sido la búsqueda de la Paz Total, que incluye procesos de negociación con todos dichos actores armados ilegales que proliferan en los territorios, violentando a las comunidades y sus liderazgos. Los retos de la restitución de los territorios ancestrales bajo la reforma agraria persisten, dados los históricos litigios con hacendados, que complican su superación. Igualmente, mejorar las condiciones de la población étnica, y más vulnerada en general, resulta también retador para el actual gobierno, que tuvo retos iniciales relacionados con la disponibilidad fiscal y apoyo del poder legislativo para emprender las reformas estructurales, y una movilización social que está en proceso de reestructuración en su nuevo rol de exigibilidad, confrontando a un gobierno que se ha mostrado favorable al diálogo social.