EL DERECHO PENAL DE AUTOR EN EL RÉGIMEN DE NAYIB
BUKELE: ¿SEGURIDAD O CRIMINALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD?
Juan José Ferrín
-
Ruiz
Universidad Austral
ABSTRACT
One
In the current Salvadoran context, the
government of Nayib Bukele has adopted a
security model based on hardline policies
that prioritize preventive criminalization
over the analysis of specific acts. These
policies, rooted in the concept of criminal
law o
f the author, focus on stigmatizing
vulnerable groups by detaining individuals
based on their physical appearance or place
of residence rather than their actions. While
these measures have drastically reduced
homicide rates and generated a sense of
sec
urity among the population, they have
also led to allegations of human rights
violations and the erosion of the rule of law.
This article examines the ethical, legal, and
social dilemmas of this approach, posing
two key questions: (1) To what extent can
se
curity policies justify the suspension of
fundamental rights? and (2) What are the
long
-
term consequences of basing a justice
system on anticipatory criminalization?
PALABRAS
CLAVE:
Derecho Penal De Autor, Seguridad Pública,
Derechos Humanos, Criminalización, Régimen De Excepción, Justicia Penal.
KEYWORDS:
Criminal Law of The Author, Public Safety, Human Rights,
Criminalization, State of
Emergency, Criminal Justice
.
JEL
CODE:
K
14
;
K24
RESUMEN
En el contexto salvadoreño, el gobierno de Nayib
Bukele ha adoptado un modelo de seguridad
basado en políticas de mano dura que priorizan
la
criminalización preventiva sobre el análisis de
actos concretos. Estas políticas, fundamentadas
en el derecho penal de autor, se enfocan en
estigmatizar a grupos vulnerables mediante la
detención de individuos por su apariencia física
o lugar de residencia
, más que por sus acciones.
Aunque estas medidas han reducido
drásticamente los índices de homicidios y
generado una sensación de seguridad entre la
población, también han dado lugar a denuncias
de violaciones de derechos humanos y al
debilitamiento del Es
tado de derecho. Este
artículo examina los dilemas éticos, legales y
sociales de este enfoque, planteando dos
preguntas clave: (1) ¿hasta qué punto las
políticas de seguridad justifican la suspensión de
derechos fundamentales? y (2) ¿cuáles son las
consecu
encias a largo plazo de basar un sistema
de justicia en la criminalización anticipada?
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, el nombre de Nayib Bukele ha ganado notoriedad a
nivel mundial, tanto por encabezar las listas de presidentes mejor valorados, contando con
una aprobación que oscila entre el 90 y 93%, como por la “política de mano dura” que ha
im
plementado en El Salvador. Esta estrategia ha dejado como resultado que el país
centroamericano figure como uno de los más seguros, a pesar de la existencia histórica
de grandes grupos criminales como Barrio 18 y los internacionalmente conocidos Maras
Salv
atrucha. Estos grupos llegaron a desestabilizar la paz y convirtieron a El Salvador en
uno de los países más violentos del mundo durante el año 2015 (Farah, 2016).
Desde el año 2019 en adelante el presidente Bukele implementó fuertes políticas
en contra de los diversos grupos criminales existentes en territorio salvadoreño, donde se
evidenciaron cifras de cerca de 60,000 personas que se han visto detenidas sin ningun
a
orden, con escasos o nulos indicios que demuestren su implicación en actos delictivos
(Human Rights Watch, 2022). Organismos internacionales de Derechos Humanos han
indicado que varias de estas detenciones se han llevado a cabo por criterios como la
apar
iencia física o lugar de residencia, lo que implica la criminalización de grupos
vulnerables y desprotegidos (Paradela López y Antón, 2024). Todo esto sumado a la falta
de transparencia en los procesos judiciales, lo que conlleva el debilitamiento de los
m
ecanismos de rendición de cuentas del país y la desprotección legal de grupos en los
que se han centrado estas detenciones.
La Organización Amnistía Internacional ha indicado la existencia de varios casos
de abusos dentro de los centros de detención salvadoreños: hacinamiento extremo
derivado de las miles de detenciones ilegales que se llevan a cabo diariamente, casos de
tortur
as y malos tratos a los reclusos, muerte de los reclusos, entre otras situaciones que
vulneran derechos fundamentales. Los observadores internacionales lo han tachado como
“la máxima expresión de crueldad” derivado de las políticas implementadas por Bukele
a lo largo de sus años de mandato (Amnistía Internacional, 2022).
A partir de todas las políticas de seguridad puestas en marcha por el gobierno de
Bukele, a la par de las detenciones arbitrarias realizadas contra un grupo especial de
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202
personas con ciertas características compartidas, se puede deducir la aplicación de un
derecho penal de autor en lugar de un derecho penal de acto. Se encuentran detenidos en
prisiones salvadoreñas cientos de individuos con tatuajes en lugares específicos
del
cuerpo, o simplemente residentes de sectores determinados, se puede llegar a la
conclusión de que sus identidades están siendo estigmatizadas al ser asociados
directamente con pandillas y actos delictivos, derivado de las características principales
de
un derecho penal de autor (Paradela López y Antón, 2024).
El derecho penal de autor se caracteriza por castigar a las personas únicamente
por sus rasgos físicos y no por las acciones cometidas, lo que se vincula estrechamente
con la peligrosidad, con lo que se denomina peligrosidad predelictual, es decir, le otor
ga
al derecho penal una perspectiva previsoria
ex
-
ante
, mereciéndole una punición a un
sujeto que no ha violentado bien jurídico protegido alguno (Rodríguez Morales, 2014).
En El Salvador, las detenciones realizadas bajo este enfoque se apartan de los
principios fundamentales y las garantías del debido proceso que un Estado de derecho
está obligado a salvaguardar. Estas prácticas evidencian un énfasis desproporcionado en
la i
dentidad del individuo y en atributos personales que lo presentan como "peligroso"
para la sociedad. Aún más preocupante, se observa un juicio basado en hipótesis sobre
las acciones que dicha persona podría cometer en el futuro. Esto plantea serias inquiet
udes
sobre la posible vulneración de derechos humanos al implementar políticas de derecho
penal preventivo y discriminatorio (Zaffaroni, 2013).
Las políticas de seguridad radicales impulsadas por Bukele vulneran principios
penales fundamentales, como el principio de legalidad y la presunción de inocencia,
promoviendo una lógica de punición basada en el “ser” y no en el “hacer” (Ferrajoli,
1995). D
esde su llegada al poder en 2019, se han implementado medidas que privilegian
la creación de una supuesta “sensación de seguridad” sobre los derechos humanos y las
garantías tanto constitucionales como penales.
El presente artículo se encuentra estructurado en cuatro partes: se explora el
contexto del régimen de Nayib Bukele, mediante la explicación de las políticas más
importantes en materia de seguridad y el impacto que esto ha tenido en la población
salvadoreñ
a. La segunda parte se encarga de realizar un análisis crítico respecto al derecho
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penal de autor y como se ha aplicado a través de la criminalización de varios sectores
sociales. En tercer lugar, se evaluará el dilema de seguridad versus criminalización
mediante un análisis de las garantías de seguridad y las consecuencias a largo plazo
, como
el hacinamiento carcelario. Finalmente se expondrán las conclusiones.
CONTEXTO DEL RÉGIMEN DE NAYIB BUKELE
En el año 2019 el empresario Nayib Bukele asumió como primer mandatario de
El Salvador, mediante la implementación de una serie de políticas de seguridad, su
mandato ha generado respaldo de parte de la ciudadanía: controversias y desagrado. El
discurso pri
ncipal de Bukele se denominó “Guerra contra las pandillas”, debido a la
concentración de la política del Estado hacia el combate contra el crimen organizado. Sin
embargo, la aplicación de estas políticas ha generado debate por el uso radical y
desproporcio
nal de la fuerza policial, las detenciones calificadas como arbitrarias y el
hacinamiento en las cárceles (Paradela López y Antón, 2024).
La República de El Salvador se ha considerado históricamente como uno de los
países más violentos del mundo, figurando tazas de homicidios y criminalidad altas. Toda
esta situación se ha visto como resultado del surgimiento de distintos grupos criminales,
como los Mara Salvatrucha y Barrio 18, mismos que han mantenido en control territorial
en diversas áreas del país centroamericano, llevado a cabo actos de extrema violencia,
extorsiones, controlando el tráfico de drogas y de personas (Human Rights Watch, 2
022).
Previo al mandato del presidente Bukele, varios gobiernos intentaron aplicar
diversas estrategias políticas con la finalidad de erradicar los altos niveles de violencia en
el país. Se intentaron desde negociaciones directas con las pandillas más importante
s,
hasta la implementación de estados de excepción, a la par de un uso intensivo de las
fuerzas armadas para tareas de seguridad interna. Aun así, los esfuerzos de pacificación
no dieron resultados (Quintanilla, 2024).
En el año 2012 el gobierno de Mauricio Funes promovió una tregua entre
pandillas, con la finalidad de reducir las tazas de homicidios a cambio de algunas
facilidades y beneficios penitenciarios para los pandilleros reclusos, siendo una estrategia
política
criticada (Van der Borgh, 2019). Aunque en un principio esta tregua redujo
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204
notablemente los índices de delincuencia, una de las críticas principales fue que se estaba
otorgando personería jurídica a grupos delincuenciales, legitimándolos como
interlocutores políticos (Van der Borgh, 2019). Como era de esperarse este acuerdo
colap
só, seguido por un aumento significativo en la taza delincuencial y retrotrayendo el
mismo estado de terror al país salvadoreño (The Guardian, 2024).
Ya en 2019 una de las principales estrategias de Bukele fue implementar el plan
“Control Territorial”, mismo que se centró en un despliegue masivo de fuerzas militares
y policiales en la gran mayoría de áreas controladas por pandillas (Van der Borgh, 2019)
.
A la par se realizó una inversión importante en la implementación de tecnología de
vigilancia militar, drones y cámaras con reconocimiento facial. Se dio paso a la
construcción de nuevas cárceles, con la finalidad de recluir a todos los pandilleros que
han sido detenidos bajo su administración, provocando una sobrepoblación carcelaria en
condiciones de hacinamiento y tratos denigrantes (Americas Society/Council of the
Americas, 2023).
Al año siguiente, posterior a un incremento radical de los índices de violencia, que
se caracterizó por tener más de 80 fallecidos en un solo fin de semana, se implementó un
estado de excepción restringiendo derechos constitucionales, otorgó a las autorida
des la
facilidad de actuar bajo sus propias reglas, dejando abierta la posibilidad de realizar
arrestos masivos e interrumpir en la privacidad de los ciudadanos sin necesidad de una
orden judicial previa. Este régimen fue renovado por varias veces, lo que
permitió al
gobierno realizar más de 66.000 arrestos masivos en un periodo corto de tiempo (Amnesty
International, 2023), lo que implica la vulneración masiva de garantías del debido proceso
en contra de la población.
Sin embargo, el gobierno de Bukele ha sostenido que las políticas implementadas
han sido de suma eficacia, reduciendo de forma drástica los niveles de violencia que tuvo
como resultado una taza de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, en comparación
c
on los 50 homicidios por cada 100,000 registrados en el año 2018 (El Salvador Info,
2024). Esto sumado a que los ciudadanos salvadoreños han mostrado su pleno apoyo al
mandato de Bukele, ya que la gran mayoría sienten una denominada “sensación de
seguridad
pública”, misma que les ha permitido retomar con tranquilidad sus actividades
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cotidianas con la certeza de que los delincuentes y pandilleros se encuentran apartados de
las calles (Paradela López y Antón, 2024).
A pesar del presunto éxito en la implementación de planes para la reducción de la
violencia, las medidas de Bukele han llamado la atención de organismos internacionales
de derechos humanos, mismos que se han encargado de realizar varias observaciones a
las
prácticas de los agentes de la fuerza pública y a las prácticas judiciales basadas en
procesos masivos sin fundamentos racionales, lo que vulneró las garantías
constitucionales y procesales. Estas organizaciones han logrado documentar varios casos
de dete
nciones ilegales y arbitrarias, mediante la recopilación de denuncias de malos
tratos y torturas en los centros de detención creados por el primer mandatario. Las
condiciones de hacinamiento son cada vez más evidentes, donde los centros
penitenciarios albe
rgan hasta cuatro veces su capacidad normal (El País, 2024).
En mayo de 2021 la Asamblea de El Salvador, conformada por una mayoría
perteneciente al partido político de Bukele, se encargó de destituir a jueces de la Corte
Suprema por un presunto fraude a la constitución. Decisión que se fue declarada
inconstituciona
l en razón a una violación de la separación de poderes y una amenaza a la
democracia, dando como resultado la vulneración del sistema democrático y del sistema
de división de poderes, sin embargo, con buenos resultados durante su mandato,
especialmente da
ndo lucha a la delincuencia (DW, 2021).
Además, en el año 2022 se puso en funcionamiento el Centro de Confinamiento
del Terrorismo “CECOT”, mismo que fue construido en tiempo récord, con un enfoque
mucho más agresivo contra las pandillas y grupos criminales. Si bien esta idea suena
como algo pos
itivo, cabe recordar que su función es la de albergar a los detenidos durante
el régimen excepcional, detenidos que no han atravesado un juicio justo ni objetivo,
siendo destinados al hacinamiento por tiempo indefinido. De igual manera, el “CECOT”
está dis
eñado para albergar algo más de 40,000 detenidos en condiciones que no son
óptimas para garantizar una ambiente digno, lo que ha implicado el sometimiento de los
reclusos a condiciones inhumanas de aislamiento, trabajos forzados y falta de
alimentación. Lo
s familiares de estas personas han sido los encargados de realizar varias
denuncias ante organismos internacionales que denunciaron las condiciones denigrantes
El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele
206
en las que viven sus familiares. (Infobae, 2023).
Durante el régimen de excepción de El Salvador y las reformas realizadas a la
normativa legal, especialmente al Código Penal y Procesal Penal, los mecanismos de
derecho a la defensa y presunción de inocencia se han visto afectados, reduciendo
notablemente
la aplicación de derechos y garantías básicas de las personas detenidas.
Miles de personas son privadas de su libertad sin contar con una orden judicial previa,
son aprehendidas en un presunto delito flagrante y recluidas en un centro de detención
indefini
damente sin dar a lugar al proceso judicial pertinente. Todo esto debido al Estado
percibe a estos individuos como criminales
per se
, únicamente por tener tatuajes o
antecedentes penales previos (Amnistía Internacional, 2022).
En los casos en los que se otorga un proceso judicial a estas personas se las acusa
de cometer el delito de “agrupaciones o asociaciones ilícitas”, tipo penal que es complejo
en su tratamiento ya que, es el único que habilita la punición de los actos prepa
ratorios de
un delito. Cabe recordar que en el
Iter Criminis
o Camino del Crimen, únicamente el
inicio de la ejecución de un delito es merecedor de pena pero los distintos códigos penales
a nivel regional dejan abierta la oportunidad, mediante el delito de
asociación ilícita, de
penalizar actos preparatorios. El gobierno de Bukele mediante la interpretación más
amplia de la naturaleza de este delito criminaliza a individuos desde una perspectiva ex
ante, alegando que poseen cierta peligrosidad criminal por
sus características físicas,
razón por la cual es mucho mejor optar por separarlos de la sociedad, aunque no hayan
cometido delito alguno, pero se presupone que estaban planeando hacerlo.
Durante sus discursos, Nayib Bukele se ha centrado en la utilización de narrativa
de seguridad con la finalidad de justificar, y a la vez promover, las políticas contra el
crimen y las pandillas, lo que ha significado la declaración de una guerra contra to
dos
estos grupos delincuenciales. Al mismo tiempo recalca que las políticas utilizadas e
implementadas por las anteriores administraciones han sido ineficaces, por lo cual las
medidas tomadas en la actualidad son las únicas capaces de devolver la tranquili
dad al
pueblo salvadoreño; idea que, en abstracto suena viable, pero llevada a la práctica vulnera
derechos humanos. Así, esta retórica ha acaparado muchos adeptos, bajo la promesa de
garantizar paz a un país históricamente azotado por la violencia y la de
lincuencia
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(elsalvador.com, 2022).
El modelo de políticas implementadas en El Salvador plantea una dicotomía que
va mucho más allá de simples estrategias de seguridad, configurando lo que parece ser un
modelo de “Derecho Penal de Autor ”, mismo que otorga una perspectiva ex ante para
crimin
alizar a las personas. Lo que Bukele plantea es la narrativa de “seguridad versus
identidad”, convirtiendo automáticamente a los salvadoreños en criminales en función de
su pertenencia social o territorial. El resultado de aplicar este tipo de políticas ab
re muchas
grietas en un Estado de Derecho y en la confianza puesta en las instituciones públicas,
que a largo plazo puede derivar en una cultura de represión bajo un velo de aparente paz.
ANÁLISIS DEL DERECHO PENAL DE AUTOR EN EL SALVADOR
Una vez comprendido el contexto de las políticas implementadas por Bukele,
resulta relevante comprender en qué se basa el tan mencionado Derecho Penal de Autor
y cómo se diferencia del Derecho Penal de Acto, haciendo énfasis en el impacto que la
aplicación
de políticas penales con visión ex ante puede afectar en mediano y largo plazo
a la estabilidad del país.
Para Felipe Rodríguez Moreno (2023) el Derecho Penal sanciona conductas
específicas, sin tomar en cuenta quien las realiza, mientras que el Derecho Penal de Autor
se configura como una corriente que persigue a las personas por lo que representan mas
no por
los actos delictivos que pueden o no llegar a cometer.
Para poder comprender de mejor manera al Derecho Penal de Autor se tiene que
tomar en consideración a la teoría denominada “Culpabilidad de Carácter”, misma que
analiza la personalidad peligrosa del sujeto que hace que responda, no por actos en
concreto qu
e violentaron o intentaron violentar un bien jurídico, si no por la naturaleza
de su carácter y expresión física (Rodríguez, 2023, p. 298). Esto en contraste con el
Derecho Penal de Acto, mismo que sanciona conductas concretas sin verificar de ante
mano ca
racterísticas externas o físicas del sujeto, únicamente la conducta que se plasma
en el mundo material. Razón por la cual el Derecho Penal de Acto es el que se debe
procurar, con la finalidad de que los individuos respondamos por nuestras conductas sin
ten
er en consideración nuestro pasado, historial criminal o apariencia física,
El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele
208
independientemente de quienes fuimos o quienes somos (Rodríguez, 2023, p. 276).
Establecida la distinción sumamente importante entre Derecho Penal de Acto y
Derecho Penal de Autor, es imperante hacer mención al concepto de “Derecho Penal del
Enemigo” desarrollado por Günther Jakobs. Esta forma de Derecho Penal implica,
esencialmente,
una distinción entre sujetos que son tratados bajo un régimen estándar
(ciudadanos) y otro grupo de sujetos que son tratados como una amenaza grave y
constante para la sociedad en general (enemigos). El maestro Jakobs menciona que el
derecho penal común ti
ene la finalidad de otorgar la retribución y generar la reinserción
del infractor en la sociedad, mientras que el Derecho Penal del Enemigo se centra en la
exclusión de los sujetos que representen un peligro para la sociedad en general; a estos
individuos
Jakobs los nombra “enemigos”, negando el trato de ciudadanos y reafirmando
la protección de la sociedad de su amenaza. Un ejemplo que el maestro de la Universidad
de Bonn recalca es el artículo 576 del Código Penal Español, mismo que criminaliza los
actos
de colaboración con estructuras terroristas, regulando más allá de los principios y
fines básicos del derecho penal, enfocándose únicamente en la retribución a los individuos
que muestran un clara amenaza a la estructura social (Jakobs, 2007).
Resulta imperante no confundir al Derecho Penal del Enemigo con el Derecho
Penal de Autor, ya que el primero neutraliza a aquellos que representan una constante
amenaza para la sociedad, como por ejemplo, las organizaciones terroristas, y se enfoca
en los
actos que estos grupos han cometido; el Derecho Penal de Autor, por otro lado, y
como se explicó en párrafos anteriores, se centra en las características personales del
individuo independientemente si comete un delito o no. Por este motivo es que las
polít
icas de seguridad de Bukele pueden ser caracterizadas como Derecho Penal de Autor
y no del Enemigo, en razón de que se centra en bases hipotéticas de una posible
peligrosidad criminal ex ante mirando únicamente rasgos físicos, zona de residencia o
pasado j
udicial.
Una de las medidas instauradas por Bukele donde se puede evidenciar el uso de
un Derecho Penal de Autor es el estado de excepción interpuesto en el país debido a una
ola de criminalidad, donde se llevaron a cabo más de 81,000 arrestos sin contar con
fundam
ento legal suficiente. Se restringió el derecho a la defensa y a un juicio justo a
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209
todas estas personas, dejándolas privadas de liberas y en condiciones de hacinamiento
extremo (Voz de América, 2024).
Por otro lado, las personas que no han sido detenidas durante el régimen viven
con un constante miedo de que las autoridades judiciales puedan hacer algo en su contra
por las estigmatizaciones que se han implementado. El Diario del El Salvador se encargó
d
e recopilar varios testimonio de jóvenes que residen en zonas conflictivas y controladas
por pandillas:
“Cuando vivía en Soyapango tuve problemas con los soldados porque decían que
era raro ver a una persona tatuada y que no fuera nada, no me capturaron, pero sí
me golpearon, Samuel M.”, “Salvador ha sido golpeado más de 10 veces por los
soldados en cada rev
isión… Me han hecho hasta sesión de fotos por tantos tatuajes
que tengo” y por último “Los jóvenes, adolescentes, ya eran víctimas de abusos
antes del régimen de excepción, sobre todo por parte de militares. Pero bajo la
bandera del régimen de excepción, e
star tatuado, es un delito” (Funes, 2022).
Las medidas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele, caracterizadas por
la aplicación del Derecho Penal de Autor, incluyen reformas al Código Penal, Código
Procesal Penal, Ley contra el Terrorismo y Ley Reguladora de las Actividades Relativas
a las D
rogas. En este contexto, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría
perteneciente al partido oficialista, aprobó un aumento significativo en las penas para
delitos relacionados con el terrorismo y las pandillas, estableciendo condenas de entre 20
y 30 años de prisión (Diario El Mundo, 2022).
Sin embargo, surge la interrogante de si los legisladores evaluaron estas reformas
bajo el Principio de Proporcionalidad en materia penal, un análisis que resulta esencial
para determinar si la pena impuesta corresponde a la gravedad del delito. La respues
ta
parece ser negativa, ya que este principio, fundamental para establecer la justicia y
equidad en la sanción de conductas previamente tipificadas, no parece haber sido
considerado con la profundidad necesaria. Desde esta perspectiva, el incremento radica
l
de las penas no solo es cuestionable en términos de eficacia para prevenir la comisión de
delitos, sino que podría generar un efecto contrario, incentivando mayores intentos de los
delincuentes por asegurar su impunidad.
El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele
210
El Gobierno de los Estados Unidos de América expresó una profunda
preocupación por las condiciones carcelarias que los privados de libertad tienen que
afrontar, principalmente por las condiciones de aglomeración carcelaria y falta de
alimentos, que han lle
vado a la interposición de alrededor de 400 denuncias por
inminentes violaciones a los derechos humanos (Infobae, 2023). Estas condiciones no
hacen más que reflejar un corte punitivo con un enfoque lejano a los fines propios del
Derecho Penal, priorizando
el aislamiento y tratamiento degradante a las potenciales
amenazas. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos el enfoque implementado
durante este régimen contradice por completo principios básicos como el de dignidad
humana y proporcionalidad.
Es probable que la estrategia actual del gobierno de El Salvador consista en
instrumentalizar a individuos que presentan ciertas características, como tatuajes y otros
rasgos físicos asociados a una visión Lombrosiana del criminal, para justificar su
priva
ción de libertad. Este enfoque parece diseñado para proyectar una imagen de
efectividad en las políticas de seguridad, permitiendo que "todo el mundo" perciba dichas
medidas como exitosas.
Sin embargo, esta instrumentalización de seres humanos con fines políticos
plantea serias amenazas al sistema democrático, transformándolos en herramientas para
consolidar un discurso autoritario. Al analizar más allá de lo superficial y examinar
críticame
nte estas políticas, se revela una preocupante cantidad de violaciones a derechos
humanos, derechos constitucionales y garantías penales, fundamentales para el respeto al
Estado de derecho y la dignidad humana.
La aparente calma que se ha instaurado en la sociedad salvadoreña, a costa de la
vulneración del principio de dignidad humana, ha sido uno de los factores clave para el
aumento de la popularidad del primer mandatario. La gran mayoría de salvadoreños
experi
mentan una “sensación de seguridad y calma” ya que los delincuentes y pandilleros
están recluidos en centros de privación de libertad.
En el ámbito internacional, la popularidad de Nayib Bukele ha crecido de manera
significativa, generando interés en su modelo de gobernanza. Políticos de otras naciones
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han comenzado a verlo como un referente, buscando replicar las políticas de seguridad
implementadas en El Salvador, motivados principalmente por el nivel de aceptación y
respaldo que estas medidas han generado, especialmente entre la población joven. Esta
imagen de éxito proyectada hacia el exterior refuerza la narrativa de políticas de mano
dura y la estigmatización de determinados grupos sociales
(Carballo, 2015)
.
Sin embargo, esta aparente paz social podría ser tanto efímera como peligrosa.
Justificar medidas represivas y violentas en nombre de la paz social no solo crea una
sensación de seguridad ilusoria, sino que también genera un riesgo latente de que estas
acc
iones se vuelvan en contra de la propia ciudadanía. Cuando el Estado asume el poder
de definir quién constituye una amenaza basándose en criterios subjetivos, la confianza
en las instituciones públicas se ve socavada, siendo reemplazada por un creciente
es
cepticismo y temor hacia los mecanismos estatales que deberían garantizar derechos y
libertades fundamentales
(Carballo, 2015)
.
A la par, este enfoque de Derecho Penal de Autor aplicado en las políticas de
Bukele, desde mi perspectiva, tiene la capacidad de convertir a la población en un mero
espectador que acepta sin cuestionamiento políticas violentas y antijurídicas, dejando el
camino libre a la expansión de un poder estatal que decide sobre criterios inválidos quien
merece una pena y quien no.
No puede omitirse, al analizar este tema, la problemática de hacinamiento extremo
que enfrentan los reclusos en las cárceles de El Salvador. La misma Corte Suprema de
Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de estas condiciones, señalando el estado
d
eplorable en el que se encuentran las personas privadas de libertad. Esta resolución
judicial ha instado al gobierno de Bukele a mejorar las condiciones en las prisiones y a
garantizar el respeto de los derechos humanos, exigiendo, además, el diseño e
impl
ementación de estrategias alternativas para reducir los índices de violencia (Insight
Crime, 2023).
El crecimiento abrupto de la población carcelaria ha dificultado
significativamente la puesta en marcha de iniciativas de rehabilitación y reinserción
social, ya que los recursos financieros y humanos disponibles resultan insuficientes para
El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele
212
atender las necesidades del sistema penitenciario (Andrade, 2019). La falta de inversión
en estos programas compromete no solo los derechos de los reclusos, sino también la
posibilidad de construir un sistema que promueva la reintegración y reduzca la
rein
cidencia delictiva.
A largo plazo, las consecuencias negativas del hacinamiento en los centros de reclusión
podrían extenderse a la población en general, ya que estas instalaciones se convierten en
focos para el crecimiento y fortalecimiento de subculturas violentas que event
ualmente
podrían reincidir y atacar a la sociedad. Además, los recursos destinados a la construcción
de mega cárceles, que se han convertido en el pilar de políticas de dudosa
constitucionalidad, deberían redirigirse hacia el desarrollo de programas educat
ivos y de
apoyo comunitario. Estas políticas preventivas permitirían abordar las causas
estructurales de la criminalidad sin recurrir al Derecho Penal de Autor como estrategia
para garantizar la seguridad nacional.
Las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele, marcadas por la
criminalización basada en la identidad o rasgos físicos de las personas, han evidenciado
un uso prominente del Derecho Penal de Autor. Este enfoque no solo expone una
preocupante e
rosión del Estado de Derecho, sino que también podría acarrear graves
consecuencias para los futuros gobiernos y para la ciudadanía. Aunque los cambios
positivos en El Salvador, como la reducción de muertes violentas, se presentan como
logros significativo
s, constituyen solo la punta del iceberg. Es indispensable realizar un
análisis más profundo de la realidad del país, considerando el dilema entre seguridad y
criminalización anticipada, para comprender plenamente el impacto y las implicaciones
de estas po
líticas en el largo plazo.
SEGURIDAD VS. CRIMINALIZACIÓN
En el complejo panorama de El Salvador, el dilema entre la seguridad pública y
la criminalización anticipada derivada de las políticas públicas genera una tensión
inevitable para quienes deciden analizar más allá de la superficie. En apariencia, la
sensaci
ón de seguridad se presenta como la pieza clave para consolidar la reelección del
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213
presidente Bukele. Sin embargo, esta aparente tranquilidad tiene una contracara
preocupante, caracterizada por la falta de distinción entre inocentes y culpables, lo que
amenaza con privar de la libertad de manera arbitraria y sin fundamentos legales claro
s a
los mismos ciudadanos salvadoreños (Insight Crime, 2023).
En este contexto, el Derecho Penal de Autor emerge como una réplica de antiguos
mecanismos de control, utilizado como herramienta para justificar actos de violencia
generalizada contra el propio pueblo. Este enfoque convierte las apariencias y
estereotipos
en un nuevo criterio de criminalización, donde la etiqueta de “parecer” o
“estar” asociado a ciertas conductas o características adquiere el peso de una imputación
penal. Aunque estas no constituyan delitos formalmente tipificados, se recurre a figuras
le
gales ambiguas, como el delito de asociación ilícita, para justificar la privación de
libertad de individuos sin evidencias concretas ni debido proceso (Diario El Mundo,
2022). Esta práctica no solo vulnera derechos fundamentales, sino que socava la
confia
nza en el sistema jurídico y en el Estado de derecho.
Una vez entendido que la solución para mejorar la seguridad en las calles no es
deshumanizar a las personas con tatuajes o que residan en sitios conflictivos para
hacinarlos en complejos penitenciarios, Núria Bigas Formatjé señala varios aspectos que
contr
ibuyen a la seguridad en un país, lejos de las políticas basadas en un Derecho Penal
de Autor. Dentro de estos aspectos encontramos lo siguiente:
“Urbanismo Orientado a la Prevención del Delito: se busca una planificación
urbana que cuente con cosas básicas como la correcta iluminación en las calles y
la reducción de construcciones abandonadas.
Sentido de Pertenencia de los Ciudadanos: fomentar que las personas se
identifiquen y sientan un vínculo entre ellas y con su entorno urbano. Cosa que en
El Salvador no se fomenta, incluso se dirige a lo contrario.
Educación: si bien no se lo menciona como un aspecto, me parece de suma
importancia entender que la educación pública, al alcance de todos, debe ser un
pilar fundamental para disuadir a la delincuencia. Entre más educación tengan las
personas menos posibil
idad habrá de que lleguen a formar parte de pandillas o
El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele
214
bandas delincuenciales.
Fomento del Deporte: cuando en la sociedad se fomenta a los niños y jóvenes a
practicar cualquier deporte, se evita que caigan en la manos de pandillas y drogas,
al mismo tiempo que se promueve una sociedad sana”.
(2023)
Estos son varios aspectos a tener en cuenta para lograr una sociedad más segura. Son
aspectos que no resolverán la delincuencia de la noche a la mañana, ya que es un proceso
largo y que demanda un alto presupuesto. Por esta razón, El Salvador ha optado por
la
solución rápida de deshumanizar a las personas, con el único fin de crear esta presunta
sensación de seguridad, que en cualquier momento puede volverse en contra del Estado
y del pueblo salvadoreño.
Por una cara de la moneda tenemos la ya mencionada sensación de seguridad pública,
mientras que de la otra cara encontramos una criminalización previa. Esta segunda cara
de la moneda tiene múltiples efectos negativos, como la suspensión de derechos
fundame
ntales, erosionando la confianza en las instituciones públicas y debilitando al
Estado de derecho. Además, la sobrepoblación carcelaria y las condiciones inhumanas de
detención han agravado la situación a mediano y largo plazo. Estas prácticas no solo
viol
an los derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de violencia y
represión basados en características propias del Derecho Penal de Autor (Human Rights
Watch, 2022).
El dilema entre seguridad y criminalización en las políticas de Bukele refleja la tensión
entre la necesidad de proteger a la población y los costos éticos y sociales que esto puede
representar. Si bien se han logrado avances en la reducción de índices de
criminalidad,
generando más seguridad en las calles, esto se ha conseguido al costo de criminalizar a
comunidades enteras bajo criterios de perfilamiento al puro estilo de Lombroso. En este
contexto, la seguridad pública se ha convertido en un arma de dobl
e filo: por un lado,
tranquilizando a la sociedad bajo una promesa de orden, pero, por otro lado, sacrificando
derechos individuales y esenciales.
CONCLUSIONES
Revista
Facultad
de
Jurisprudencia
No.1
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215
Desde un enfoque jurídico
-
penal y considerando la implementación de políticas de
seguridad bajo el régimen de Nayib Bukele, se identifica una dicotomía profunda entre la
búsqueda de seguridad y las evidentes violaciones a los derechos fundamentales. Este
a
nálisis no busca justificar actos ilícitos ni defender conductas criminales; más bien, se
plantea desde la complejidad inherente a liderar un país con altos índices de violencia
como El Salvador.
El gobierno de Bukele ha priorizado estrategias que han reducido significativamente los
altos índices de criminalidad, recurriendo a medidas como el estado de excepción,
detenciones masivas y la construcción de mega prisiones. Estas decisiones pueden
gener
ar seguridad entre los habitantes salvadoreños a corto plazo, pero a largo plazo
plantean serias implicaciones éticas y legales. La implementación de un Derecho Penal
de Autor contraviene principios básicos y fundamentales de un sistema democrático.
Desde un punto de vista técnico, el Derecho Penal de Autor aplicado en El Salvador
erosiona la base del Estado de Derecho, sustituyendo el análisis de conductas concretas
por perfiles subjetivos. Si bien la lucha contra la delincuencia es un objetivo legít
imo,
debe ser compatible con el respeto a las garantías constitucionales y los derechos
humanos. Las condiciones de hacinamiento carcelario, el trato inhumano a los detenidos
y el debilitamiento de los mecanismos judiciales son alarmantes y podrían tener
c
onsecuencias graves para la estabilidad social y jurídica a largo plazo.
El desafío radica en encontrar un balance que permita combatir la criminalidad sin
comprometer los valores esenciales de un Estado democrático. Las políticas de seguridad
deben evolucionar hacia estrategias que combinen prevención, educación y justicia soc
ial,
alejándose del Derecho Penal de Autor y adoptando un enfoque que priorice la reinserción
y la cohesión comunitaria. El énfasis debe ser en políticas que trabajen en la integración
social de los individuos, en lugar de marginarlos aún más mediante esti
gmatizaciones y
privaciones de derechos.
El análisis realizado reconoce la dificultad de gobernar en contextos de alta conflictividad,
pero reafirma la importancia de que cualquier respuesta estatal se enmarque en la
legalidad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos, priorizando
el
principio de dignidad humana en el sistema de justicia de El Salvador. La construcción
El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele
216
de una sociedad segura debe ser el resultado de un proceso que fomente la confianza en
las instituciones y que garantice la justicia para todos, no solo a través de la represión,
sino también mediante la educación, la rehabilitación y la prevención de la v
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