REVISTA

Vol. N° 19 | Junio 2026

FACULTAD DE

JURISPRUDENCIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

e-ISSN: 2588-0837

RFJ CATÓLICA DEL ECUADOR

®

www.revistarfjpuce.edu.ec

https://doi.org/10.2680 7 /rfj.v1n19.561

Tokenización de activos y vacíos penales

frente al fraude con criptoactivos en

Ecuador: una aproximación crítica desde

el derecho penal económico

Tokenization of assets and criminal loopholes in the face of

crypto asset fraud in Ecuador: a critical approach from the

perspective of economic criminal law

Yumi Simone Andrade Betancourt

Investigadora independiente, Ecuador

0009-0008-3858-4757

Resumen

La tokenización de activos mediante tecnología blockchain repre-

senta una transformación profunda en la forma de representar,

transferir y negociar bienes y derechos. Sin embargo, esta in-

novación también ha abierto la puerta a nuevas modalidades

de fraude y criminalidad económica que desafían la estructura

tradicional del derecho penal. En el caso ecuatoriano, la falta de

una normativa clara sobre criptoactivos y tokens digitales deja

sin respuesta penal eficaz a situaciones en las que inversionis-

tas y usuarios resultan perjudicados. Este artículo analiza, desde

una perspectiva dogmática y comparada, los vacíos normativos

existentes en torno a la tokenización de activos y su relación

con figuras penales como la estafa, la apropiación indebida o el

lavado de activos. A partir del estudio de experiencias interna-

cionales y escenarios hipotéticos aplicables al contexto local, se

identifican las principales limitaciones del ordenamiento jurídi-

Envío: 25/04/2026 | Aceptación: 02/06/2026 | Publicación: 30/06/2026

152-173

Forma sugerida de citar: Andrade Betancourt, Y. (2026). Tokenización de activos y vacíos penales fren-

te al fraude con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico.

Revista Facultad de Jurisprudencia, 2026(19), pp. 152–173. https://doi.org/10.2680 7 /rfj.v1n19.561

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

co penal ecuatoriano para enfrentar este fenómeno. Finalmen-

te, se plantean propuestas de reforma legislativa y orientaciones

técnicas que permitan dotar al sistema penal de herramientas

adecuadas para responder al fraude cripto sin afectar la innova-

ción tecnológica.

Palabras clave: tokenización de activos, criptoactivos, fraude digital,

derecho penal económico, delitos tecnológicos.

Abstract

The tokenization of assets using blockchain technology repre-

sents a profound transformation in the way assets and rights are

represented, transferred, and traded. However, this innovation

has also opened the door to new forms of fraud and economic

crime that challenge the traditional structure of criminal law.

In the case of Ecuador, the lack of clear regulations on crypto

assets and digital tokens leaves situations in which investors

and users are harmed without an effective criminal response.

This article analyzes, from a dogmatic and comparative perspec-

tive, the regulatory gaps surrounding asset tokenization and its

relationship to criminal offenses such as fraud, misappropria-

tion, and money laundering. Based on the study of international

experiences and hypothetical scenarios applicable to the local

context, the main limitations of the Ecuadorian criminal legal

system in addressing this phenomenon are identified. Finally,

proposals for legislative reform and technical guidelines are put

forward to provide the criminal justice system with adequate

tools to respond to crypto fraud without affecting technological

innovation.

Keywords: asset tokenization, crypto assets, digital fraud, econom-

ic criminal law, technology crimes.

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e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026

1. Introducción

La evolución de la tecnología blockchain ha dado lugar a nuevas formas de re-

presentación digital de bienes y derechos, entre las que destaca la tokeniza-

ción de activos. Este proceso permite transformar un activo físico o intangible

en un token digital susceptible de ser negociado, fraccionado y transferido en

plataformas descentralizadas, sin intermediarios tradicionales. Aunque esta

innovación promete dinamizar sectores como el inmobiliario, financiero, ar-

tístico e incluso el jurídico, también plantea importantes desafíos para los sis-

temas normativos, especialmente en el ámbito del derecho penal económico,

al introducir estructuras de transacción que operan fuera de los modelos clá-

sicos de control estatal.

En el caso ecuatoriano, el auge de las inversiones digitales y la proliferación

de proyectos que utilizan tokens como mecanismos de financiamiento o trans-

ferencia de valor se ha producido en un entorno caracterizado por una escasa

regulación sectorial y una limitada comprensión jurídica del fenómeno. Este

vacío normativo ha facilitado la aparición de esquemas fraudulentos que, am-

parados en un discurso de innovación tecnológica y descentralización, captan

recursos del público sin garantías suficientes. Al operar bajo una apariencia de

legalidad técnica, estos esquemas suelen evadir los controles administrativos

y financieros tradicionales, estos muchas veces quedan fuera del alcance efec-

tivo de los tipos penales existentes, lo que incrementa el riesgo de impunidad

y la desprotección de los inversionistas y usuarios.

El presente artículo se propone analizar críticamente la respuesta del ordena-

miento penal ecuatoriano frente a los fraudes vinculados con la tokenización

de activos, partimos de la hipótesis de que existe una zona gris normativa que

dificulta una persecución penal eficaz. Esta situación obedece tanto a la ausen-

cia de una regulación específica como a las complejas dificultades interpretati-

vas y probatorias que plantea el uso de tecnologías descentralizadas: la identi-

ficación de los sujetos responsables, la determinación del engaño penalmente

relevante y la trazabilidad de los activos digitales.

Para ello, se emplea una metodología jurídico dogmática, complementada con

el análisis de derecho comparado y la construcción de supuestos hipotéticos

que permiten ilustrar los riesgos asociados a esta nueva forma de criminalidad

económica. Finalmente, se plantean propuestas de reforma legislativa y linea-

mientos técnicos orientados a fortalecer la capacidad del derecho penal para

enfrentar estos fenómenos, se procura un equilibrio entre la protección de

bienes jurídicos y el fomento de la innovación tecnológica responsable.

154

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

2. Metodología

El presente artículo adopta una metodología jurídico dogmática de carác-

ter cualitativo, orientada al análisis sistemático de las normas penales y su

aplicabilidad a los fenómenos derivados de la tokenización de activos digi-

tales. Esta aproximación metodológica se estructura en tres dimensiones

complementarias:

En primer lugar, el análisis dogmático-penal se centra en la revisión crítica de

los tipos penales contenidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es-

pecíficamente aquellos vinculados a la estafa (art. 186), apropiación indebida

(art. 190), captación ilegal de dinero (art. 323) y lavado de activos (art. 317). Se

examina su estructura típica, sus elementos objetivos y subjetivos, y su capaci-

dad para subsumir conductas fraudulentas cometidas mediante instrumentos

digitales como los tokens.

En segundo lugar, se emplea el método de derecho comparado, mediante el

estudio sistemático de marcos regulatorios de jurisdicciones seleccionadas:

Estados Unidos, Suiza, España, Alemania, Liechtenstein y México. Los crite-

rios de selección responden a su nivel de desarrollo normativo en materia de

criptoactivos, su relevancia para el contexto latinoamericano y la existencia

de jurisprudencia o regulación administrativa que permita extraer lecciones

aplicables al caso ecuatoriano. Para el levantamiento del derecho comparado

se consultaron fuentes primarias como leyes, reglamentos, directrices admi-

nistrativas (FINMA, SEC, BaFin) y decisiones judiciales publicadas, así como

doctrina especializada en revistas indexadas de derecho penal económico y

tecnológico.

En tercer y último lugar, se construyen supuestos hipotéticos de fraude apli-

cados al contexto ecuatoriano, a partir de casos reales documentados por la

Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico

(UAFE). Estos supuestos permiten ilustrar las limitaciones prácticas del orde-

namiento penal vigente y fundamentar las propuestas de reforma. Las fuentes

primarias utilizadas incluyen resoluciones de la Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera, informes institucionales de la UAFE y la Fiscalía, así

como legislación nacional e internacional vigentes.

El alcance del presente estudio se limita al análisis del ordenamiento jurídi-

co ecuatoriano y a las jurisdicciones comparadas seleccionadas; no pretende

agotar el análisis de todos los sistemas jurídicos relevantes ni constituye una

investigación empírica de tipo criminológico.

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3. La tokenización de activos: una nueva realidad

tecnológica

3.1. ¿Qué es un token? Tipologías: security tokens, utility tokens, NFT

En el contexto de la tecnología blockchain, el término token ha adquirido una

creciente relevancia jurídica como objeto de estudio e instrumento de transac-

ción económica. Desde una perspectiva técnica, un token es una unidad digital

que puede representar valor, derechos o activos, y que se emite y transfiere

dentro de redes descentralizadas mediante el uso de contratos inteligentes. En

términos generales, los tokens funcionan como representaciones criptográfi-

cas de activos tangibles o intangibles, cuya existencia, trazabilidad y validez

dependen del consenso distribuido de la red en la que se generan, sin necesi-

dad de una autoridad central que certifique su emisión o circulación.

Sin embargo, el verdadero desafío jurídico no reside únicamente en su de-

finición técnica, sino en la determinación de su naturaleza jurídica y en su

adecuada tipificación dentro del ordenamiento legal. El carácter híbrido de los

tokens que combina elementos tecnológicos, económicos y jurídicos dificulta

su encuadramiento dentro de las categorías tradicionales del derecho patri-

monial y financiero. Como señala Castillo (2021), los tokens no constituyen de

manera unívoca bienes, derechos ni valores mobiliarios, sino que su califica-

ción jurídica depende de la función que cumplen dentro de cada ecosistema

blockchain y de los derechos que otorgan a sus titulares.

Desde esta perspectiva funcional, la doctrina ha identificado diversas tipologías

de tokens. La clasificación más aceptada distingue tres categorías principales:

El cuadro comparativo siguiente sintetiza las principales tipologías de tokens,

sus características jurídicas y los riesgos penales asociados a cada una:

Tipo de token

Características principales

Naturaleza jurídica

Riesgos penales

Security Token

(token de valor)

Representa derechos

Asimilable a valor

mobiliario. Sujeto a

regulación de mercado de

valores.

Emisión no autorizada; fraude

de inversión; oferta pública

irregular.

económicos: acciones,

dividendos, participaciones.

Expectativa de rentabilidad.

Utility Token

(token de

utilidad)

Acceso a plataforma o

servicio digital. No genera

rendimiento económico

directo.

No es valor mobiliario.

Puede asimilarse a un

contrato de servicio

digital.

Estafa mediante promesas

falsas; captación ilegal si se

vende como inversión.

NFT (token no

fungible)

Activo digital único e

Valor subjetivo. Próximo

a bienes culturales o

derechos de propiedad

intelectual.

Manipulación de precios;

falsificación de activos

digitales; lavado de capitales.

irrepetible. Representa

arte, propiedad intelectual,

objetos de colección.

156

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

Esta clasificación no es meramente formal, sino que permite delimitar el

marco de análisis penal en contextos donde se presume la comisión de deli-

tos como estafa, apropiación indebida o lavado de activos. Como señala Silva

Sánchez (2001), el derecho penal económico moderno debe adaptarse a nue-

vas realidades funcionales sin caer en expansiones indebidas del ius puniendi,

pero tampoco permanecer indiferente ante la sofisticación de nuevas formas

de criminalidad tecnológica.

En el caso ecuatoriano, la ausencia de una regulación específica sobre tokens

ha dado lugar a una zona gris jurídica, donde la calificación penal de las con-

ductas vinculadas a la emisión, comercialización o uso fraudulento de estos

instrumentos queda sujeta a interpretaciones extensivas de tipos tradicionales

como la estafa o la captación ilegal de dinero (COIP, arts. 186 y 323). Esta situa-

ción revela la necesidad urgente de un marco legal actualizado que permita

distinguir entre innovación legítima y fraude digital, desde una perspectiva

penal garantista y eficaz.

3.2. La tokenización de bienes reales y derechos: propiedades,

acciones, obras de arte

La tokenización puede entenderse como el proceso mediante el cual un activo

del mundo real, ya sea un bien tangible, un derecho patrimonial o incluso

un valor económico es representado digitalmente mediante un token en una

red blockchain. Este fenómeno constituye una innovación que transforma

no solo los mecanismos de transferencia de bienes, sino también los funda-

mentos jurídicos de la titularidad, la representación del valor y la circulación

patrimonial.

A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum que son activos

nativamente digitales, los tokens respaldados por activos (asset backed tokens)

derivan su valor de un activo subyacente preexistente. Por ejemplo, una pro-

piedad inmueble puede fraccionarse digitalmente en varios tokens, cada uno

representando un porcentaje del derecho de dominio o copropiedad. Lo mis-

mo ocurre con acciones de sociedades, bonos, obras de arte, vehículos, e in-

cluso derechos de crédito o regalías musicales.

Desde el punto de vista jurídico, la tokenización plantea desafíos fundamenta-

les. La representación digital de un bien exige repensar los principios tradicio-

nales de la teoría del título y el modo de adquisición, así como la función de

los registros públicos, la publicidad jurídica y la oponibilidad frente a terceros.

Como señala De la Cuesta (2020), el uso de tokens como vehículos de titulari-

dad desmaterializada tensiona las categorías tradicionales del derecho civil y

patrimonial y aún más las del derecho penal, cuando tales mecanismos son

empleados con fines fraudulentos o de blanqueo de capitales.

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Uno de los aspectos más relevantes en esta materia es la posibilidad de frac-

cionar la titularidad de un activo mediante la emisión de múltiples tokens que

representen partes proporcionales de un bien indivisible en términos físicos.

Este fenómeno comparable en algunos aspectos a la figura de la copropiedad

o las participaciones accionarias ha sido impulsado por plataformas que per-

miten la compra de fracciones de inmuebles, automóviles de colección o pie-

zas de arte mediante tokens digitales. Sin embargo, esta fragmentación digital

del valor puede también ser utilizada para captar recursos del público sin los

controles debidos, lo que genera riesgos evidentes de fraude, estafa o capta-

ción ilegal de dinero, especialmente en jurisdicciones como Ecuador, donde

no existe una regulación específica que determine cuándo un token constituye

un valor, un contrato o una simple expectativa de ganancia.

Por lo tanto, resulta urgente revisar los marcos jurídicos vigentes e incorporar

figuras normativas que reconozcan y regulen la tokenización de activos, sin cri-

minalizar la innovación, pero con garantía de estándares mínimos de transpa-

rencia, fiscalización y protección jurídica a los titulares y adquirentes de estos

nuevos instrumentos.

Asimismo, la tokenización de bienes reales introduce una transformación

profunda en la concepción tradicional de propiedad y circulación patrimo-

nial, debido a que el activo físico deja de transferirse únicamente mediante

instrumentos jurídicos clásicos y pasa a representarse a través de registros

descentralizados y automatizados en blockchain. Esta situación genera ten-

siones respecto a la validez, eficacia y exigibilidad jurídica de las transaccio-

nes tokenizadas, especialmente en países donde los sistemas registrales con-

tinúan sustentándose en modelos formales y centralizados de inscripción y

publicidad.

Desde una perspectiva económica y tecnológica, la tokenización permite de-

mocratizar el acceso a determinados mercados históricamente restringidos,

esto posibilita que múltiples personas adquieran participaciones fraccionadas

sobre activos de alto valor económico. Sin embargo, esta aparente accesibili-

dad también incrementa los riesgos de asimetría informativa, debido a que

muchos inversionistas participan en proyectos tokenizados sin comprender

plenamente la naturaleza jurídica del token adquirido, el alcance de sus dere-

chos patrimoniales o los riesgos asociados a la volatilidad y falta de respaldo

efectivo del activo subyacente.

En este sentido, la doctrina especializada advierte que uno de los principales

problemas jurídicos de la tokenización radica en la disociación entre la titula-

ridad material del bien y la representación digital del derecho. La existencia

de un token no siempre garantiza, por sí misma, la transferencia válida del do-

minio conforme a las exigencias del derecho civil tradicional, particularmente

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Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

cuando se trata de bienes sujetos a inscripción obligatoria, como inmuebles o

acciones societarias registradas. Esto puede generar conflictos sobre oponibi-

lidad frente a terceros, legitimidad de la propiedad y responsabilidad patrimo-

nial ante eventuales fraudes o incumplimientos contractuales.

Adicionalmente, la ausencia de supervisión estatal específica sobre platafor-

mas de tokenización puede facilitar esquemas fraudulentos donde los emisores

ofrecen activos inexistentes, sobrevalorados o jurídicamente indisponibles.

En algunos casos, los tokens son comercializados como instrumentos de inver-

sión colectiva sin cumplir estándares mínimos de transparencia financiera,

auditoría o respaldo documental, lo que genera escenarios cercanos a capta-

ción ilegal de dinero o estafas digitales masivas. Esta problemática se agrava

en contextos normativos ambiguos como el ecuatoriano, donde no existen pa-

rámetros legales claros para determinar cuándo un token constituye un valor

negociable, un instrumento financiero o simplemente una representación di-

gital privada sin reconocimiento jurídico expreso.

Por otra parte, la incorporación de smart contracts en procesos de tokenización

también plantea desafíos relevantes en materia de responsabilidad jurídica.

Al automatizarse cláusulas contractuales mediante código informático, sur-

gen interrogantes sobre la interpretación de errores de programación, fallos

de ejecución automática, manipulación algorítmica o vulnerabilidades infor-

máticas que puedan afectar derechos patrimoniales de los usuarios. La auto-

matización tecnológica no elimina la necesidad de tutela jurídica estatal, espe-

cialmente cuando existen afectaciones económicas derivadas de plataformas

digitales opacas o insuficientemente reguladas.

En consecuencia, la tokenización de bienes y derechos representa no solo una

innovación financiera y tecnológica, sino también un desafío estructural para

el derecho contemporáneo que debe equilibrar la promoción de nuevas for-

mas de economía digital con mecanismos eficaces de protección patrimonial,

seguridad jurídica y prevención de fraudes tecnológicos.

3.3. Riesgos inherentes: opacidad, volatilidad, desregulación

A pesar de las ventajas que ofrece la tecnología blockchain para la trazabilidad,

automatización y eficiencia en las transacciones, latokenización de activos tam-

bién conlleva una serie de riesgos estructurales que pueden ser aprovechados

para la comisión de delitos económicos. Estos riesgos son especialmente rele-

vantes en contextos donde el desarrollo normativo es incipiente, como ocurre

en el caso ecuatoriano.

Uno de los riesgos más evidentes es la opacidad que caracteriza a muchas

plataformas de emisión y comercialización de tokens. A diferencia de los sis-

temas financieros tradicionales, donde existen mecanismos obligatorios de

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identificación del cliente (KYC) y prevención del lavado de activos (AML), los

ecosistemas blockchain particularmente los de naturaleza descentralizada per-

miten a los emisores operar con pseudónimos, direcciones públicas no veri-

ficables y jurisdicciones extraterritoriales. Esta característica técnica dificulta

gravemente la identificación de los sujetos activos en operaciones fraudulen-

tas y entorpece la acción penal en contextos donde se requiere determinar el

dolo, el beneficio ilícito o la autoría.

Otro aspecto crítico es la volatilidad del valor de los tokens, especialmente en

aquellos instrumentos no respaldados por activos tangibles o con mercados

secundarios poco líquidos. Esta inestabilidad puede ser utilizada como excusa

o mecanismo de defensa ante reclamaciones por incumplimiento o pérdida

patrimonial. Además, la falta de criterios objetivos para valorar ciertos tokens

como los NFT o los tokens especulativos convierte en extremadamente difícil

la cuantificación del perjuicio penalmente relevante, lo cual complica la confi-

guración de tipos como la estafa o el abuso de confianza.

El tercer riesgo fundamental es la desregulación jurídica. En Ecuador no existe

norma que determine si un token puede ser considerado un valor, un contrato,

un bien digital o una expectativa de ganancia, lo que permite que esquemas de

captación de fondos y promesas de rentabilidad operen sin supervisión. Cabe

precisar que la pregunta regulatoria ya no es si se deben regular los criptoacti-

vos, sino cómo hacerlo de manera proporcional al nivel de riesgo que presen-

tan: los security tokens asimilables a valores mobiliarios exigen un régimen de

control equivalente al del mercado de capitales, mientras que los utility tokens

o los NFT de bajo impacto financiero pueden admitir regímenes más flexibles.

Esta diferenciación por nivel de riesgo, adoptada ya por FINMA y la TVTG de

Liechtenstein, es la que Ecuador necesita incorporar para cerrar su brecha

normativa sin frenar la innovación.

4. Marco normativo internacional y comparado

4.1. Estados con regulación especíﬁca (EE.UU., Suiza, España)

Frente al desarrollo exponencial de los criptoactivos y su capacidad disrupti-

va en los mercados financieros y jurídicos tradicionales, algunos Estados han

adoptado enfoques regulatorios proactivos, al diseñar marcos normativos es-

pecíficos para enfrentar los desafíos legales y penales que plantea la tokeni-

zación de activos. Entre los más representativos se encuentran los casos de

Estados Unidos, Suiza y España, cuyos modelos muestran aproximaciones di-

ferenciadas, pero igualmente valiosas para el estudio comparado del derecho

penal económico aplicado a activos digitales.

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Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

Estados Unidos ha optado por una estrategia de regulación funcional basada

en criterios sustanciales y no meramente formales. La Securities and Exchange

Commission (SEC) aplica el test Howey para determinar cuándo un criptoactivo

constituye un valor mobiliario, lo que permite subsumir ciertos criptoactivos

bajo la Securities Act de 1933, se activan controles regulatorios y sanciones pena-

les en caso de emisión fraudulenta o no registrada. Además, el Departamento

de Justicia ha procesado múltiples casos de fraude con criptoactivos bajo los ti-

pos penales de estafa informática, lavado de dinero y asociación ilícita, lo que

evidencia la flexibilidad del sistema estadounidense para adaptar la dogmática

penal a fenómenos tecnológicos emergentes.

En el caso de Suiza, la aproximación ha sido eminentemente técnica y espe-

cializada. La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) publicó

en 2018 una guía específica para la clasificación detokens, diferenciándolos en

tres grandes categorías: payment tokens, utility tokens y asset tokens, esta última

con características equivalentes a valores mobiliarios. Dicha clasificación tie-

ne implicaciones directas no solo en el ámbito del derecho financiero, sino

también en la configuración de tipos penales vinculados a operaciones ilícitas

con activos digitales.

Por su parte, España ha introducido un marco jurídico más estructurado a tra-

vés de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, reformada para

incluir a proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados. En

2021, se aprobó el Real Decreto Ley 7/2021 que transpone la Quinta Directiva

Europea sobre prevención del blanqueo de capitales y exige la inscripción

de plataformas de compraventa y custodia de criptoactivos en el registro del

Banco de España. Desde una perspectiva penal, el artículo 301 del Código

Penal permite sancionar operaciones de lavado de activos con independen-

cia del medio, esto permite que conductas relacionadas con criptomonedas o

tokens caigan dentro del tipo si concurren los elementos materiales y subjeti-

vos necesarios.

5. Análisis del marco penal ecuatoriano

5.1. Tipos penales relevantes en el COIP: estafa, apropiación

indebida, captación ilegal, lavado

El ordenamiento penal ecuatoriano, contenido en el Código Orgánico Integral

Penal (COIP), no contempla una regulación expresa respecto a los criptoacti-

vos ni a las conductas fraudulentas que se valen de la tokenización como me-

canismo de engaño o de circulación de activos. Sin embargo, ante la ausen-

cia de una legislación específica, diversas figuras delictivas tipificadas en el

COIP se han interpretado como aplicables a comportamientos asociados con

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fraudes digitales y financieros mediante criptoactivos. Las más relevantes son

las siguientes:

a. Estafa (art. 186 COIP).- El tipo penal de estafa sanciona a quien, con ánimo

de lucro, induce en error a otra persona mediante artificios o engaños,

lo que causa un perjuicio patrimonial. Esta figura ha sido utilizada en

investigaciones donde se han prometido rentabilidades extraordinarias

por inversiones en plataformas que operan con criptomonedas o tokens

sin respaldo ni autorización. El desafío radica en acreditar el “engaño

suficiente” en contextos donde el riesgo de mercado o la falta de regulación

puede ser interpretada como parte del consentimiento del inversor.

b. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos (art. 190 COIP).- Se

configura cuando una persona dispone de un bien ajeno que le ha sido

confiado. En el contexto de criptoactivos, este tipo penal puede ser invocado

cuando un intermediario o promotor de inversiones digitales utiliza

indebidamente los fondos entregados por los usuarios, sin cumplir las

condiciones ofrecidas. Dado que los tokens no tienen aún una clasificación

legal en Ecuador, se plantea el debate doctrinal sobre si constituyen ‘cosas

muebles’ o bienes patrimoniales para efectos penales.

c. Captación ilegal de dinero (art. 323 COIP).- Este tipo penal sanciona a quien,

sin autorización de los organismos competentes, capta o recibe dinero del

público con la promesa de reintegrarlo con beneficios. Su aplicación a

esquemas de inversión con criptoactivos ha sido considerada por la Fiscalía

en varios casos, sobre todo cuando se estructuran esquemas piramidales o

planes de inversión que eluden la supervisión financiera.

d. Lavado de activos (art. 317 COIP).- Este tipo penal está formulado de forma

amplia y busca sancionar la conversión, transferencia, ocultamiento o

tenencia de bienes que provienen de actividades ilícitas. Aunque la ley

no menciona expresamente a los criptoactivos, su redacción permite una

interpretación que los incluya, siempre que se acredite su origen delictivo.

La dificultad práctica está en demostrar el nexo causal entre el token

(o criptomoneda) y el delito fuente, debido a la opacidad, anonimato y

fragmentación jurisdiccional de las transacciones digitales.

5.2. ¿Existe espacio para el fraude con tokens bajo estas ﬁguras?

Aunque el ordenamiento penal ecuatoriano no define expresamente a los

tokens ni las tokenizaciones de activos, es plausible la subsunción de conductas

fraudulentas en las figuras existentes, siempre que se respeten los principios

de tipicidad, legalidad y certeza jurídica. La dificultad principal radica en el

encuadre dogmático de los tokens como objeto del delito y en la acreditación

técnica del dolo y el perjuicio.

La tokenización genera una apariencia de legitimidad técnica en las plataformas

digitales, lo cual puede inducir a error al usuario medio. Esto complica la in-

terpretación judicial sobre si existe un engaño suficiente o si el supuesto ‘con-

sentimiento’ derivó de una percepción informada. La doctrina contemporánea

sostiene que, ante la ausencia de regulación clara, debe valorarse el diseño del

162

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

sistema y los mecanismos contractuales programados en los smart contracts, de-

terminantes para acreditar el propósito fraudulento (Castillo, 2021).

En contextos concretos, ya se han identificado estructuras que usaron tokens

o criptomonedas para captar fondos del público sin autorización ni respaldo

real. El caso Big Money, investigado bajo el artículo 323 del COIP, involucró

una plataforma que prometía hasta el 90% de retorno semanal y operaba sin

autorización estatal en la ciudad de Quevedo. De manera similar, en Quito, una

persona fue sentenciada a cinco años de privación de libertad por ofrecer la

criptomoneda One Coin bajo promesas de altos rendimientos, bloqueando pos-

teriormente el acceso de los inversores a la plataforma. Asimismo, la Fiscalía

General del Estado vinculó a once personas en la investigación denominada

Llakirukak, en la que se movilizaron aproximadamente USD 36 millones me-

diante trading digital y activos virtuales, con incautaciones por USD 2,3 mi-

llones (Fiscalía General del Estado, 2023). La Unidad de Análisis Financiero

y Económico (UAFE) reportó operaciones inusuales por más de USD 600 mi-

llones en los primeros cinco meses de 2025, muchas de ellas potencialmente

vinculadas a criptoactivos (UAFE, 2025).

En síntesis, aunque formalmente los tipos penales vigentes en Ecuador po-

drían cubrir algunos fraudes con tokens, en la práctica no hay certeza doctrinal

ni normativa, lo que obliga a una reflexión urgente: se requieren definiciones

legales claras, capacitación técnica judicial y fiscal, y desarrollo de peritajes

informáticos adaptados para cerrar la brecha entre innovación y responsabi-

lidad penal.

Asimismo, desde la perspectiva del derecho penal económico y la crimina-

lidad informática, diversos autores han advertido que los criptoactivos y los

procesos de tokenización pueden ser utilizados como mecanismos de oculta-

miento patrimonial y captación masiva de recursos sin control estatal efectivo,

especialmente en países donde no existe una regulación especializada. En este

sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha

señalado que la ausencia de marcos regulatorios claros incrementa el riesgo

de fraudes financieros digitales, esto dificulta la identificación de responsa-

bles y el rastreo transnacional de operaciones realizadas mediante blockchain

(OCDE, 2022). De igual manera, la Oficina de las Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito ha sostenido que los activos virtuales representan nuevos

desafíos para la persecución penal debido al anonimato parcial de las tran-

sacciones y a la descentralización de las plataformas digitales, factores que

complican la obtención de evidencia y la recuperación de activos producto de

delitos económicos (UNODC, 2024).

163

Desde la dogmática penal contemporánea, también se ha desarrollado la teoría

del “fraude tecnológico estructurado”, según la cual el engaño ya no se limita

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a manifestaciones verbales directas, sino que puede configurarse mediante

arquitecturas digitales complejas diseñadas para generar confianza artificial

en los usuarios. Bajo esta concepción, los smart contracts, whitepapers y pla-

taformas de tokenización pueden constituirse en instrumentos de apariencia

jurídica y tecnológica destinados a inducir error patrimonial, especialmente

cuando existe opacidad sobre la existencia real del activo subyacente o sobre

la viabilidad económica del proyecto (Díaz, 2023). Esto resulta particularmen-

te relevante en Ecuador, donde la ausencia de controles técnicos previos y me-

canismos de supervisión estatal favorece espacios de responsabilidad penal

difusa.

En igual sentido, la doctrina especializada ha advertido que los fraudes vincu-

lados a tokens presentan una dificultad adicional relacionada con la desmate-

rialización del bien jurídico patrimonial. A diferencia de los modelos tradicio-

nales de estafa, el perjuicio económico suele materializarse mediante activos

digitales volátiles, descentralizados y de difícil trazabilidad, lo que obliga a re-

pensar los criterios clásicos de valoración del daño y del nexo causal en el de-

recho penal patrimonial (Mir Puig, 2015). Esta problemática evidencia la nece-

sidad urgente de incorporar criterios técnico-jurídicos especializados para la

valoración probatoria de operaciones blockchain y transacciones tokenizadas.

Finalmente, la falta de regulación específica también genera riesgos para la

seguridad jurídica y el principio de confianza legítima de los usuarios del eco-

sistema digital. La inexistencia de normas claras sobre emisión, comercializa-

ción y respaldo de tokens provoca que muchos proyectos operen sin controles

mínimos de transparencia, auditoría o solvencia, lo que permite la prolifera-

ción de esquemas fraudulentos bajo apariencias de innovación financiera.

Por ello, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera

Internacional han recomendado a los Estados desarrollar marcos regulatorios

específicos para activos virtuales, fortalecer los sistemas de debida diligencia

y crear unidades técnicas especializadas en investigación de delitos relaciona-

dos con blockchain y criptoactivos (GAFI, 2023).

5.3. Ausencia de normativa especializada y problemas de

interpretación

En Ecuador, aún no existe una normativa específica que regule de forma clara

los criptoactivos, la tokenización de activos o los contratos inteligentes. La Ley

Fintech, promulgada en diciembre de 2022, excluyó el capítulo dedicado ini-

cialmente a los activos digitales, tras el argumento de que su inclusión podría

desestabilizar el sistema financiero y la dolarización oficial del país (Worldsys,

2024). Consecuentemente, ni el Código Orgánico Integral Penal ni la legisla-

ción financiera, mercantil o digital contemplan definiciones jurídicas precisas

sobre tokens o su naturaleza.

164

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

Esta carencia normativa se refleja también en la Junta de Política Monetaria

y Financiera que, mediante la Resolución N.° JPRM2023014M de 9 de agosto

de 2023, ratificó que los criptoactivos no son moneda de curso legal ni medio

de pago autorizado en Ecuador, conforme al artículo 94 del Código Orgánico

Monetario y Financiero. El Banco Central ha advertido que, de encontrarse uso

ilícito de criptoactivos como medio de pago, debe denunciarse ante la Fiscalía

General del Estado.

Desde una perspectiva interpretativa, esta laguna genera ambigüedad so-

bre la competencia regulatoria: si debe ser la Junta Monetaria (por medios de

pago) o la Junta Financiera (por activos virtuales), o además entidades como la

Superintendencia de Compañías y la UAFE (Expreso, 2024). Esta falta de decisión

legislativa crea inconsistencias jurisdiccionales y responsabilidades dispersas.

Este escenario normativo impreciso produce dificultades concretas para apli-

car el principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena sine lege). Sin

disposiciones claras sobre la tokenización, su operativa técnica y sus agentes

emisores, la interpretación judicial se vuelve incierta y la tipificación penal

resulta poco fiable ante nuevas formas de defraudación digital. Además, la

ausencia de regulación específica sobre tokenización y criptoactivos provoca

dificultades para delimitar responsabilidades civiles, administrativas y pena-

les frente a plataformas digitales que operan mediante blockchain. En muchos

casos, los usuarios desconocen quién es el verdadero emisor del token, cuál

es el respaldo patrimonial del activo digital o qué autoridad estatal supervisa

la operación, lo que incrementa el riesgo de fraudes masivos y esquemas de

captación ilícita de dinero (GAFI, 2023).

De igual forma, la inexistencia de definiciones jurídicas precisas sobre tokens,

utility tokens, security tokens o NFT genera problemas de calificación legal res-

pecto de su naturaleza patrimonial, esto afectaría directamente la aplicación

de figuras penales tradicionales como la estafa, captación ilegal de dinero, la-

vado de activos o delincuencia organizada. Esta situación obliga a fiscales y

jueces a recurrir a interpretaciones extensivas o analógicas, lo cual puede en-

trar en tensión con el principio de legalidad penal y el mandato de taxatividad

de los tipos penales (Silva Sánchez, 2022).

En el ámbito procesal, también existen limitaciones importantes para la inves-

tigación criminal, especialmente en la obtención de evidencia digital vinculada

a wallets descentralizadas, exchanges internacionales y smart contracts autoeje-

cutables. La falta de protocolos técnicos especializados dificulta la trazabilidad

de operaciones realizadas mediante blockchain y complica la acreditación del

perjuicio patrimonial, el dolo y la identidad de los sujetos intervinientes, par-

ticularmente cuando las operaciones se ejecutan desde jurisdicciones extran-

jeras (Gómez-Jara, 2021).

165

RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia

e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026

Asimismo, la doctrina especializada advierte que los sistemas jurídicos con-

temporáneos enfrentan el reto de equilibrar la innovación tecnológica con la

protección efectiva del patrimonio y la seguridad jurídica de los ciudadanos,

pues una ausencia prolongada de regulación puede convertir a los ecosistemas

digitales en espacios propicios para nuevas formas de criminalidad económi-

ca y fraude financiero transnacional (Mir Puig, 2015).

5.4. El rol de la Superintendencia de Compañías, el BCE y la UAFE

frente a los tokens

En ausencia de una normativa especializada sobre tokens en Ecuador, varias

entidades estatales han adoptado posturas que inciden indirectamente en la

tokenización de activos, aunque con limitaciones legales claras respecto a su

alcance y competencias.

El Banco Central del Ecuador (BCE), a través de sus resoluciones conjuntas con

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ha estabilizado su po-

sición: los criptoactivos no son moneda de curso legal ni medios de pago auto-

rizados en Ecuador, conforme al artículo 94 del Código Orgánico Monetario y

Financiero. El BCE ha advertido que, si identifica su uso como medio de pago,

lo denunciará ante la Fiscalía General del Estado.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha expresado preocu-

pación en torno a iniciativas legislativas que incluyen activos digitales dentro

del patrimonio empresarial. Advierte que considerarlos como bienes intangi-

bles en procesos de reestructuración podría formalizar el uso de criptoactivos

sin control adecuado, en contradicción con el principio de dolarización del

país y la estructura legal vigente.

Por su parte, la UAFE (2025) ha identificado riesgos emergentes vinculados al

uso de criptoactivos en diversos sectores y ha recomendado que las institucio-

nes sujetas a control implementen mecanismos para detectar operaciones sos-

pechosas relacionadas con criptoactivos y fraudes digitales. La UAFE ha detec-

tado montos millonarios en operaciones inusuales posiblemente vinculadas a

este fenómeno, remitidas a la Fiscalía para investigación penal.

En conjunto, estas entidades evidencian un vacío regulatorio: ninguna tiene

una norma directa que defina o regule tokens; cada una actúa según su ám-

bito competencial. Este panorama institucional fragmentado genera una

desconexión normativa que compromete la seguridad jurídica y la eficacia

penal frente a nuevos esquemas empresariales o fraudulentos basados en

tokenización.

166

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

6. Resultados y discusión

El análisis dogmático y comparado desarrollado en las secciones anteriores

permite identificar tres hallazgos centrales que responden a la hipótesis plan-

teada en este artículo.

En primer lugar, los tipos penales vigentes en el COIP: estafa, apropiación

indebida, captación ilegal y lavado de activos, son formalmente aplicables a

conductas fraudulentas mediante tokens, pero presentan limitaciones prácti-

cas significativas. La principal dificultad radica en la ausencia de definicio-

nes legales que determinen la naturaleza jurídica de los tokens, lo que gene-

ra incertidumbre sobre si estos constituyen “bienes” para efectos de los tipos

penales patrimoniales. Además, la acreditación del elemento subjetivo (dolo)

y la cuantificación del perjuicio resultan especialmente complejas cuando el

activo involucrado es un instrumento digital cuyo valor depende de factores

técnicos y de mercado difícilmente controlables.

En segundo lugar, el derecho comparado demuestra que la solución más efec-

tiva no consiste en crear tipos penales enteramente nuevos, sino en combinar

tres estrategias complementarias: (i) definición legal de los tokens en legisla-

ción especializada; (ii) expansión de la regulación financiera y administrativa

para incluirlos como sujetos de supervisión; y (iii) desarrollo de jurispruden-

cia interpretativa que aplique los tipos penales existentes con criterios funcio-

nales. Esta combinación, adoptada con matices por Estados Unidos, Suiza y

Liechtenstein, permite enfrentar el fraude digital sin sacrificar el principio de

taxatividad.

En tercer lugar, el análisis de los casos documentados en Ecuador (Big Money,

One Coin, Llakirukak) revela que el sistema penal ecuatoriano ha logrado perse-

guir algunos fraudes con criptoactivos mediante tipos generales, pero de for-

ma reactiva e inconsistente. La ausencia de protocolos técnicos para peritos,

fiscales y jueces, así como la falta de cooperación internacional en investiga-

ciones transfronterizas, limita la eficacia de la respuesta punitiva.

Estos hallazgos confirman la hipótesis central del artículo: el problema nor-

mativo ecuatoriano no deriva únicamente de la ausencia de tipos penales

específicos, sino de una desarticulación sistémica entre la regulación admi-

nistrativa, la norma penal y la capacidad técnica del sistema judicial. En este

punto, la discusión ya no debe centrarse en si Ecuador debe regular los crip-

toactivos —eso es indiscutible— sino en cómo hacerlo de forma proporcional

al nivel de riesgo que presenta cada tipo de token: exigente y equivalente a los

mercados de capitales para los security tokens que captan inversión del público;

más flexible para utility tokens y NFT con bajo impacto financiero sistémico.

Un enfoque basado en el riesgo, coherente con los estándares del GAFI y con

167

RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia

e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026

los modelos de Suiza y Liechtenstein, permitiría cerrar los vacíos actuales sin

convertir la innovación tecnológica en una actividad regulatoriamente impo-

sible. En consecuencia, una respuesta eficaz exige articular reforma legislativa

gradual, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.

Adicionalmente, un aspecto que merece especial atención es la tensión entre

la propuesta de registro obligatorio de plataformas de tokenización y la carac-

terística fundamental de la tecnología blockchain: su descentralización. Por

definición, una red blockchain descentralizada no reconoce autoridades cen-

trales ni intermediarios obligados. Esta tensión plantea la pregunta de cómo

un registro nacional de plataformas emisoras de tokens podría operar de forma

efectiva cuando las redes de emisión son, en muchos casos, transfronterizas e

incontrolables desde una jurisdicción única.

La doctrina comparada ha propuesto diversas soluciones a esta tensión. En

Liechtenstein, la Ley TVTG (2020) establece la obligación de registro para los

“proveedores de servicios de tokenización” (TVTSP), pero se limita a quienes

prestan servicios en ese territorio, excluyendo a los protocolos puramente

descentralizados. En Suiza, la FINMA aplica sus regulaciones únicamente a

los intermediarios financieros con presencia o punto de contacto en territo-

rio suizo. Estados Unidos, por su parte, aplica su jurisdicción sobre cualquier

emisor que capte inversión del público estadounidense, independientemente

de su ubicación física. Una solución intermedia y compatible con la descen-

tralización consistiría en exigir el registro de los intermediarios con actividad

en Ecuador (exchanges, billeteras custodias, plataformas de comercialización),

sin pretender regular los protocolos descentralizados como tal. Este enfoque,

centrado en los puntos de entrada y salida del ecosistema blockchain hacia la

economía formal, permitiría una supervisión efectiva sin afectar la naturaleza

descentralizada de la tecnología subyacente.

7. Propuesta de reforma y enfoque penal progresivo

7.1. Necesidad de tipiﬁcación expresa o reforma interpretativa

El fenómeno de la tokenización y los fraudes vinculados al uso de criptoacti-

vos en Ecuador ha puesto de manifiesto una clara desconexión entre la rea-

lidad tecnológico-financiera y la dogmática penal vigente. Si bien el Código

Orgánico Integral Penal (COIP) incluye tipos penales como la estafa, la apro-

piación indebida o el lavado de activos, estos no se encuentran diseñados para

enfrentar la complejidad técnica y la sofisticación de los delitos cometidos me-

diante tokens y plataformas basadas en blockchain.

168

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

Desde una perspectiva de política criminal, es urgente discutir la inclusión

normativa de los tokens como objeto jurídico penalmente protegido o como

instrumento del delito. La doctrina penal contemporánea exige que los bienes

jurídicos se definan con base en realidades sociales concretas y no mediante

ficciones legales, especialmente en el contexto del derecho penal económico

(Silva Sánchez, 2001).

Asimismo, una reforma interpretativa guiada por jurisprudencia especializa-

da o guías técnicas vinculantes podría servir como mecanismo transitorio ante

la lentitud legislativa. En este sentido, la emisión de criterios vinculantes por

parte de la Corte Nacional de Justicia, o de circulares de la Fiscalía General del

Estado y la UAFE respecto al tratamiento penal de los fraudes mediante toke-

nización, constituiría una herramienta útil mientras se tramita una reforma

formal al COIP.

La doctrina penal económica de corte funcionalista reconoce la necesidad de

adaptar el derecho penal al entorno económico digital moderno, en tanto los

instrumentos de fraude se vuelven cada vez más intangibles y deslocalizados

(Jakobs, 1997; Roxin, 1997). Ecuador, al no adoptar una línea proactiva de ac-

tualización normativa, corre el riesgo de convertirse en un espacio favorable

para fraudes tecnológicos transfronterizos.

El siguiente cuadro presenta las figuras penales incorporadas en jurisdiccio-

nes de referencia:

Figura penal

País

España

Normativa/Referencia

Comentarios relevantes

incorporada

Estafa con

Código Penal, art. 248;

jurisprudencia Audiencia

Nacional

No hay norma específica sobre tokens,

pero el tipo penal de estafa se ha

aplicado en casos de ICO fraudulentas

y esquemas piramidales.

criptoactivos

(interpretación

judicial)

Alemania

Fraude financiero

con instrumentos

digitales

§263 StGB; Ley de

Supervisión de Servicios

de Pago (BaFin)

BaFin trata ciertos tokens como

instrumentos financieros, se activa la

protección penal del mercado.

Suiza

Abuso de

Código Penal suizo;

Directrices FINMA (2018)

Tipificación apoyada en

interpretación extensiva de fraudes

financieros y manipulación de

mercado.

criptoactivos y

emisión ilegal de

tokens

Estados Unidos

Liechtenstein

Fraude con activos

digitales bajo

Securities Exchange Act; 18

SEC y DOJ han perseguido

penalmente fraudes con tokens, al

considerar a algunos como valores

mobiliarios.

U.S.C. §1343 y §1348

Securities Fraud y Wire

Fraud

Emisión no autorizada Liechtenstein Blockchain Act

de tokens; abuso en

tokenización

Regulación más avanzada: distingue

tipos de tokens y prevé consecuencias

penales por omisión de registro,

falsedad o manipulación.

(TVTG, 2020)

169

RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia

e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026

7.2. Propuestas para la regulación de tokens en el mercado

ecuatoriano

A partir del análisis dogmático y comparado, se propone una intervención

normativa integral articulada en tres niveles:

7.2.1. Reconocimiento legal de los tokens como ﬁguras jurídicas

autónomas

El primer paso hacia una regulación efectiva consiste en incorporar en la legisla-

ción ecuatoriana una definición clara y técnica de token, es importante distinguir

sus diversas tipologías: security tokens, utility tokens y non-fungible tokens (NFT).

Este reconocimiento permitiría delimitar el ámbito de aplicación de la norma-

tiva penal, mercantil y financiera. Se sugiere incluir esta definición en el Código

Orgánico Monetario y Financiero (COMF) y en la Ley de Mercado de Valores.

7.2.2. Inclusión de los tokens en la supervisión de autoridades ﬁnancieras

Es esencial que entidades como la Superintendencia de Compañías, Valores y

Seguros (SCVS), el Banco Central del Ecuador (BCE) y la UAFE emitan regula-

ciones técnicas que permitan:

a. El registro obligatorio de intermediarios (exchanges, plataformas de

comercialización, billeteras custodias) que emitan o comercialicen tokens

en territorio ecuatoriano, en donde se diferencie entre intermediarios

centralizados sujetos a supervisión y protocolos descentralizados, cuya

naturaleza técnica hace inviable una obligación de registro directa;

b. La aplicación de estándares de conozca a su cliente (KYC) y anti lavado de

activos (AML) a las operaciones con tokens realizadas a través de dichos

intermediarios;

c. La creación de un registro nacional de tokens emitidos y comercializados

por intermediarios con actividad en Ecuador, con el fin de facilitar la

trazabilidad en caso de operaciones sospechosas.

Una referencia útil puede hallarse en la FINMA de Suiza (2018) que ha desarro-

llado una taxonomía oficial de tokens para efectos regulatorios y en la legisla-

ción de Liechtenstein que, mediante la Ley TVTG (2020), establece obligacio-

nes de registro para los proveedores de servicios de tokenización (TVTSP) con

presencia en ese territorio.

7.2.3. Articulación penal y administrativa

Desde el punto de vista penal, se requiere una reforma al COIP que tipifique

de forma expresa las conductas delictivas asociadas a la emisión, comerciali-

zación y manipulación fraudulenta de tokens. Esta reforma podría incluir un

nuevo capítulo sobre “Delitos contra la integridad del mercado financiero digi-

tal”, al incorporar figuras como:

d. Manipulación de precios de tokens;

e. Emisión fraudulenta de activos digitales;

f. Comercialización engañosa de inversiones tokenizadas.

170

Tokenización de activos y vacíos penales frente al fraude

con criptoactivos en Ecuador: una aproximación crítica desde el derecho penal económico

Simultáneamente, debe reforzarse el marco sancionatorio administrativo y

civil, esto permitiría a la SCVS y al BCE imponer sanciones a emisores no au-

torizados, plataformas no registradas o actores que incumplan las normas de

transparencia.

8. Conclusiones

1. El ordenamiento jurídico ecuatoriano presenta una zona gris en el

tratamiento penal de los fraudes cometidos mediante tokens y otros

criptoactivos. La falta de una tipificación específica y la ambigüedad

normativa generan un riesgo de impunidad, dificultan la persecución

penal y debilitan el sistema de prevención y control del delito económico

digital.

2. El marco jurídico ecuatoriano actual presenta vacíos relevantes en

la regulación y tipificación penal de la tokenización de activos y los

criptoactivos, lo que dificulta la efectiva persecución de fraudes digitales.

La desarticulación entre la regulación administrativa, la norma penal y la

capacidad técnica del sistema judicial constituye el núcleo del problema.

3. La ausencia de definiciones legales precisas sobretokens y la falta de normas

específicas generan incertidumbre jurídica y limitan la capacidad de las

autoridades para supervisar y sancionar conductas ilícitas. El principio

de legalidad penal (nullum crimen sine lege) resulta comprometido cuando

los tipos penales vigentes no están calibrados para instrumentos digitales

descentralizados.

4. Es imprescindible la implementación de reformas legales integrales

que reconozcan y regulen expresamente los tokens, a fin de establecer

mecanismos claros para su supervisión, prevención de delitos y sanción de

conductas fraudulentas.

5. La cooperación entre entidades públicas, el desarrollo de protocolos

técnicos y la formación especializada del sistema judicial son pilares

fundamentales para fortalecer la respuesta estatal ante el fenómeno de la

tokenización y los criptoactivos.

6. Se recomienda reformar el COIP para incorporar un capítulo sobre delitos

digitales económicos que incluya los fraudes vinculados a tokens, así como

definir estas figuras en el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley

de Mercado de Valores. Es indispensable expedir normativa secundaria que

establezca parámetros para el registro de intermediarios de tokenización,

procedimientos de verificación (KYC, AML), y mecanismos de control y

supervisión.

7. En el ámbito judicial y fiscal se sugiere elaborar guías interpretativas para

fiscales, jueces y peritos, a fin de dotar de criterios técnico-jurídicos al

análisis probatorio y la calificación típica de los fraudes con tokens. Ecuador

debe observar las experiencias normativas de jurisdicciones como Suiza,

Liechtenstein, España y Estados Unidos que ya han incorporado figuras

específicas y mecanismos de control institucional frente a criptoactivos.

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RFJ - Revista Facultad de Jurisprudencia

e-ISSN: 2588-0837 | Vol. N° 19 | Junio 2026

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