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Compliance program como herramienta en la
lucha contra la corrupción en Ecuador
Compliance program as a tool to fight
against corruption in Ecuador
José Ignacio Miranda Cifuentes
Investigador Jurídico, Gladys Terán Abogados Asociados
Artículo Original (Revisión)
RFJ, No. 4, 2018, pp. 37-52, ISSN 2588-0837
RESUMEN: los programas de cumplimiento normativo o compliance
program tienen como objetivo evitar el cometimiento de delitos den-
tro de una organización determinada, por este motivo, frente a la pro-
blemática de la corrupción en nuestro país, estos programas surgen
como una opción justificada para identificar y sancionar las prácticas
corruptas dentro de una organización. Sin embargo, en nuestro país
no se encuentra regulada la institución del compliance program, por lo
que resulta menester implementar esta institución en nuestro ordena-
miento jurídico para, desde una política de prevención eficaz, benefi-
ciarnos de la práctica del compliance y sus efectos.
PALABRAS CLAVE: cumplimiento normativo, compliance program,
corrupción, Estado, empresa.
ABSTRACT: the programs of compliance or compliance program aim
to avoid the commission of crimes within a given organization, for
this reason, in the face of the problem of corruption in our country,
these programs emerge as a justified option to identify and sanction
corrupt practices within an organization. However, the institution
of the compliance program is not regulated in our country, which is
why it is necessary to implement this institution in our legal system
so that, from an effective prevention policy, we can benefit from the
practice of compliance and its effects.
KEY WORDS: regulatory compliance, compliance program, corruption,
State, company.
2
INTRODUCCIÓN
La finalidad de este artículo es introducir a la discusión doctrinaria
una institución de gran importancia que, desde una cultura de pre-
vención, evita el cometimiento de delitos dentro de una organización
determinada, sea en el sector público o privado, como es el Compliance
Program, por lo que, ante los últimos casos de corrupción en nuestro
país, en los que se ven inmersos funcionarios públicos de alto nivel,
surgen ciertas dudas respecto a la postura del Estado frente a esta pro-
blemática, ya que, al existir, normas, controles y entidades públicas
que luchan contra la corrupción, la apreciación obvia de la ciudadanía
es que estos mecanismos de control no son suficientes. Por este mo-
tivo, en el presente trabajo se analizará la institución del Compliance
Program como una herramienta eficaz para evitar el cometimiento de
delitos, entre ellos, delitos de corrupción.
En este contexto, en una primera parte de la presente investigación se
estudiará la institución del compliance de manera general, sobre sus
antecedentes y el contenido en sí de estos programas. En segundo lu-
gar, se analizará la incidencia del compliance program en dos de los
ámbitos jurídicos donde se presenta con mayor fuerza, según los efec-
tos positivos que surgen en materia penal y en contratación pública, a
través de un estudio comparado, tomando como fuente la legislación
española (respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas) así como las directrices de la Unión Europea y el sistema federal
de contratación pública en EEUU. Por último, se propondrá un modelo
de compliance aplicable al Ecuador encaminado a luchar, desde la pre-
vención, contra la corrupción.
1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DEL
COMPLIANCE PROGRAM
Para empezar con el presente trabajo es necesario entender al com-
pliance como un “conjunto de políticas y estrategias previstas por cada
empresa para prevenir, detectar y evitar prácticas de corrupción den-
tro de su estructura” Corporate Compliance Survey (2005, p. 1759),
es decir, se trata de un mecanismo de prevención de cometimiento de
delitos dentro de una organización determinada.
Estas estrategias se ven plasmadas en códigos de conducta, regla-
mentos internos, códigos de buen gobierno corporativo, etc.
3
Para prevenir el cometimiento de delitos el compliance program pre-
senta dos fines generales: (i) sancionar la falta de conductas leales,
transparentes y éticas; y (ii) determinar responsabilidad dentro de la
organización, es decir identificar al personal que delinquió. En este
sentido, dentro de la doctrina se distinguen dos sistemas de complian-
ce aplicados según las necesidades propias de cada organización: cen-
tralizado y descentralizado. Wellner, P (2005)
El sistema centralizado se caracteriza por la existencia de un ter-
cero, que no forma parte de la organización, a cargo del desarrollo y
control del programa, en este sistema se designa un oficial de cumpli-
miento o compliance officer. Este oficial es el encargado de desarrollar
todo el programa anticorrupción, de la investigación y documenta-
ción de estos incidentes, así como la supervisión y seguimiento a las
necesidades regulatorias de cada empresa. Fine, M. (2013) Además,
el sistema descentralizado se encuentra dirigido por directivos de la
empresa o senior managers que se encargan directamente de desa-
rrollar e implementar el programa basado en “líneas de negocio que
[…]deben responder al presidente de la compañía, y posiblemente a
un comité de auditoría, […] a su vez, debe establecer los objetivos y
proporcionar guías”. Fine, M. (2013, p.12) Como se evidencia en el
primer caso, existe una organización ajena a la empresa encargada de
crear los programas de cumplimiento y establecer los mecanismos de
control y sanción, así como, auditorias periódicas a base de los riesgos
y necesidades de la empresa que contrata sus servicios para imple-
mentar el compliance
1
; además, en el caso del sistema descentralizado,
son sus directivos los encargados de realizar estas funciones.
Por lo antes dicho, se colige que cada modelo aplicable responde
a la estructura y organización propia de la empresa según los ries-
gos que se derivan de las actividades que esta presta, en tal virtud, el
compliance officer debe ser un profesional que al no formar parte de
la organización, es un tercero encargado del desarrollo del programa,
su contenido según de la investigación de riesgos de la empresa, así
como el control interno de cumplimiento del programa; asimismo,
en el sistema descentralizado, estas atribuciones son encargadas a los
altos directivos de la empresa.
1 Por lo general, el compliance officer es un estudio jurídico especializado en la crea-
ción, implementación y control de los programas de cumplimiento.
4
Al contener el compliance program, un estudio de riesgos que se deri-
van de la actividad propia de la organización, sea esta pública o privada,
no se puede decir con precisión cuál es el contenido exacto de un pro-
grama de cumplimiento, lo que puede ser visto, según Gordon, S., como
una ventaja en la medida que su carácter abierto permitiría su continua
adaptación a la realidad cambiante de la actividad empresarial (2010).
Sin embargo, Gómez-Jara Díez, C. ha establecido como requisitos míni-
mos respecto al contenido del compliance program los siguientes:
(1) existencia de un código de conducta escrito; (2) supervisión de
los esfuerzos de cumplimiento por parte del personal altamente
cualificado; (3) no delegación de poderes discrecionales de las au-
toridades administrativas en personal con posible tendencia delic-
tiva; (4) comunicación efectiva de los estándares y procedimientos
contenidos en los códigos de conducta; (5) reforzamiento mediante
procedimientos disciplinarios; (6) adopción de medidas adecuadas
tras la detección de la infracción. (2006, p. 77)
Así, por ejemplo, una constructora que contrata con el Estado no
presenta los mismos riesgos que una importadora de insumos tecno-
lógicos, según los delitos que su personal pueda cometer. Así mismo,
estos programas son aplicables a instituciones del Estado para evitar
delitos de corrupción contra la administración
2
o la implementación
del compliance dentro de organizaciones, movimientos o partidos po-
líticos. Serrano Espelta, H (2015)
Independientemente del programa que más se ajuste a las necesi-
dades de la organización, cada programa debe ser “claro , conciso y
completo” Shapiro, K.
3
(2003 p. 40), por el contrario, estos programas
serían ineficaces, por lo que resulta menester que los programas sean
2 Ver: COIP Art. 278 Peculado; Art.279 Enriquecimiento ilícito; Art 280 Cohecho;
Art. 281 Concusión; etc.
3 Sostiene que para que los programas de compliance sean “claros, concisos y comple-
tos” deben contener:
(i) Un análisis de riesgos acorde con la actividad económica de la empresa. (ii) Los
programas deben ser promulgados dentro de la empresa para que todos sus integran-
tes la conozcan. (iii) Un sistema de sanciones y canalización de denuncias dentro de
la organización, y; (iv) La designación de un órgano autónomo superior encargado de
la supervisión y control.
Ver: Shapiro, Karen L. “10 Steps to a better day: The key components of compliance”. Busi-
ness Law Today. Volume 13, No. 1. American Bar Association, (2003). Traducción libre.
5
promulgados dentro de la empresa para que todo el personal lo conoz-
ca y lo acate, caso contrario, los sistemas de cumplimiento son solo un
conjunto de buenas intenciones, ya que estos deben ir acompañados
de procedimientos internos y normas de control que aseguren su efec-
tivo cumplimiento. Nieto, M. (2013)
En tal sentido, al surgir esta práctica de varios riesgos potenciales,
sus ámbitos de aplicación son extensos según la necesidad regulatoria
de la empresa, entre ellos, Nieto Martin A. (2013) destaca: la preven-
ción de riesgos laborales, la protección de datos, prevención de lavado
de activos, prevención contra actos de corrupción, el abuso de merca-
do o el mercado de valores, etc.
En este sentido, podemos concluir que al existir un programa efec-
tivo de compliance dentro de una empresa existen también varias ven-
tajas e incentivos que se presentan en la organización: en primer lugar
se crea un mejor ambiente laboral ya que se consolida un sentimiento
de pertenencia a la empresa por sus buenas prácticas organizaciona-
les, por lo que mejora la producción de la compañía en tanto sus tra-
bajadores conocen el código de conducta, los procedimientos a seguir
y la autoridad a quien acudir en caso de detectar una conducta ilícita;
la imagen de la compañía con los clientes mejora, ya que estos buscan
confianza y seguridad; de la misma manera, gracias a las prácticas de
conductas honestas apegadas a la ley, el país en general percibe más
ganancias por el incremento de inversionistas extranjeros, y, a su vez,
mayor confianza de la población en general. Desio, P. (2014)
Esta herramienta no es tan novedosa, ya que la regulación de com-
pliance surge en Estados Unidos a raíz de la promulgación de la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero, el 20 de diciembre de 1977. Esta ley, como lo menciona Mc-
Greal, E. (2009), presentaba dos objetivos principales: (i) sancionar a
personas (naturales o jurídicas) que provean cualquier pago, promesa
o recompensa a un oficial del gobierno extranjero por obtener o rete-
ner un negocio; (ii) sancionar a organizaciones que realicen pagos a
un tercero, sea este intermediario, agente o contratista, sabiendo que
para obtener cierto beneficio le pagaría de igual manera a un oficial
del gobierno extranjero.
En ese contexto, el compliance program o “cumplimiento normativo”
ha tomado mayor importancia en las dos últimas décadas debido a los
casos de corrupción que se mantienen presentes en la región, esta pro-
6
blemática surge a raíz del desarrollo económico en los países generado
por la globalización que promueve el incremento de intercambios co-
merciales, así como, el incremento en mayor volumen de información
sobre las actividades comerciales y políticas a nivel nacional e inter-
nacional. López Pagán, J. y Villoria M. (2009)
Frente a esta problemática
4
y gracias al desarrollo normativo por
parte de EEUU, en la región, de a poco se ha ido incrementando estas
prácticas de prevención, en este sentido, Latinoamérica ha desarrolla-
do mecanismos y ha implementado leyes para combatir la corrupción
y tratar de erradicarla. Por lo que, a manera de antecedente, encontra-
mos la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en Caracas,
Venezuela,
5
que en su artículo 2 establece como propósitos de dicha
convención los siguientes:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados
Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, san-
cionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados
Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción
en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio. (OEA, 1996). En
nuestro país, encontramos como deber primordial del Estado, ga-
rantizar a sus habitantes una sociedad libre de corrupción
6
. Como
podemos observar, de la normativa citada anteriormente, en la
actualidad existen mandatos legales nacionales como internacio-
nales, que sustenten la creación y desarrollo de los programas de
cumplimiento normativo o compliance, por lo que resulta ineficaz
4 Ninguno de los veintiséis países que conforman Latinoamérica alcanza un lugar den-
tro de los diez primeros puestos con menor índice de corrupción en el mundo. El país
mejor puntuado de la región es Uruguay, que ocupa el vigésimo primer puesto, con
una calificación de 74 puntos. Mientras que el país latinoamericano con la calificación
más baja es Venezuela, que obtuvo 8 puntos, y el puesto número 158. Transparencia
Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2017. http://goo.gl/cNqvga.
5 Esta se promulgó mediante la Convención de la Organización de Estados Americanos
(OEA), firmada por 22 de los 35 miembros de la Organización en marzo de 1996.
6 Art. 3 de la Constitución. - Son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una
sociedad democrática y libre de corrupción.
7
que frente a la problemática de la corrupción en la región las orga-
nizaciones, públicas o privadas, no cuenten con estas herramien-
tas, cuyos efectos y beneficios serán tratados a continuación.
2. EFECTOS JURÍDICOS DEL “COMPLIANCE PROGRAM”
FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSO-
NAS JURIDICAS SEGÚN EL CASO ESPAÑOL
Para nuestro estudio, encontramos en el sistema procesal penal es-
pañol que cuando una empresa se ve inmersa en un proceso penal,
al acreditar la existencia de un programa de cumplimiento eficaz la
responsabilidad penal se elimina o se atenúa según el caso, estas ven-
tajas varían dependiendo de las personas que comenten el delito, el
momento del cometimiento del ilícito o según el estadio procesal en
que se acredite la existencia del programa.
De esta manera, para que la responsabilidad penal de la persona ju-
rídica se elimine, según el artículo 31 del Código Penal español, es
necesario que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado
con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización
y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas
para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión.
7
7 Art 31: A) Delitos cometidos por representantes legales, o por aquellos que actuan-
do individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan fa-
cultades de organización y control dentro de la misma. (Art. 31 bis 2 CP). En estos
supuestos, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sí se cumplen las
siguientes condiciones:
1.ª El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas
de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para
reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
2.ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de preven-
ción implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes au-
tónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función
de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
(El Legislador se refiere al oficial o comité de cumplimiento o compliance officer)
3.ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención.
8
En este sentido, el efecto de la acreditación es que se extingue la fa-
cultad que la empresa responda penalmente y esta responsabilidad re-
caiga sobre la persona natural miembro de la organización que realizó
la conducta penalmente reprochable. De igual manera, una vez imple-
mentado el programa es necesario que este sea confiado a un órgano de
la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o
que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia
de los controles internos de la persona jurídica. (compliance officer).
Además, frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
para que la pena sea atenuada, es necesario prestar todas las facili-
dades de cooperación dentro del proceso penal, así como establecer,
antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y
descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los me-
dios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
8
Como podemos evidenciar, en ambos supuestos el legislador espa-
ñol se está refiriendo a la implementación en las empresas de planes
4.ª No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de cumplimiento…
B) Actuaciones cometidas por quienes están sometidos a la autoridad de las perso-
nas físicas mencionadas en el apartado A) (Art. 31 bis 4 CP)
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sí, antes de la comisión del
delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión
que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o
para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
8 Art 31: son circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas las siguientes:
1. La acreditación parcial de las circunstancias eximentes. (Art. 31 bis 2 y 4 CP)
2. Haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus repre-
sentantes legales, las siguientes actividades (art. 31 quater CP):
a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra
ella, a confesar la infracción a las autoridades.
b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabi-
lidades penales dimanantes de los hechos.
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al
juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para pre-
venir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o
bajo la cobertura de la persona jurídica.
9
de prevención de riesgos o compliance, la existencia de estos progra-
mas eximen la responsabilidad penal de la persona jurídica si la em-
presa ha implementado un programa de compliance efectivo antes del
cometimiento del ilícito, mientras que sí se implementa el plan des-
pués del conocimiento del cometimiento del delito con fines de evitar
que estas conductas se vuelva a repetir, la pena se atenúa.
En este sentido, Osvaldo Artaza menciona que el fundamento de esta
ventaja en materia penal obedece a que la responsabilidad penal propia
de la empresa se basa en un defecto de organización, por tal razón, la
responsabilidad de la empresa no deriva delito cometido por uno de
sus ejecutivos o representantes, sino que es consecuencia del incum-
plimiento o cumplimiento imperfecto de los deberes de dirección y su-
pervisión de la entidad, que se traducen fundamentalmente en su inca-
pacidad para prevenir su utilización para la comisión de delitos. (2013)
A base de lo antes mencionado, la sentencia STS 154/2016, de la
Corte Superior Española, respecto a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, menciona que el fin del compliance se basa en “la
exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de
control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la co-
misión de infracciones delictivas por quienes integran la organiza-
ción” (Tribunal Superior de Justicia, 2016)
En este contexto, constatada la realización del hecho delictivo, lo
que ha de demostrarse en el proceso penal por parte de fiscalía es que
la persona jurídica, de manera continuada, no había adoptado medidas
eficaces para prevenir hechos delictivos de la especie del que se ha
cometido y en la forma en que concretamente ha aparecido. Asimis-
mo, es la persona jurídica la que debe demostrar en el proceso, que
implementó un programa eficaz que evite el cometimiento del delito
por el que se imputa, que su análisis de riesgos ha sido correcto y no le
resultaba exigible desarrollar medidas de prevención en relación con
riesgos penales no relevantes según los riesgos propios de la empresa
al desarrollar su actividad económica. Artaza, O. (2013)
A base de lo dicho anteriormente, podemos decir que los programas
de cumplimiento normativo constituyen el conjunto de medidas que
la empresa debe implementar para contar con una organización proba
y no ser responsable penalmente o ver rebajada su pena en el caso en
el que alguno de sus integrantes (administradores, directivos, trabaja-
dores, etc.) cometa un delito en el desempeño de sus funciones.
10
3. COMPLIANCE PROGRAM Y SUS EFECTOS EN CONTRA-
TACIÓN PÚBLICA
Podemos afirmar que la eficacia de estos modelos no queda reducida
al ámbito penal, sino que son reflejo de una cultura de cumplimiento y
ética empresarial que abarca todas las actividades de la persona jurídi-
ca, en este sentido encontramos que, en materia de contratación públi-
ca, la exigencia de estos programas en procesos de licitación ha surgido
cada vez con más fuerza frente a la problemática de la corrupción.
Para iniciar tomaremos como ejemplo el caso europeo, que exige
la implementación de estos planes para contratar con el Estado.
9
Las
directivas de 2014 exigen que los licitadores demuestren la implemen-
tación de programas eficaces de compliance con el objetivo de prevenir
y luchar contra la corrupción, las actividades delictivas y las distorsio-
nes de la competencia. También, encontramos que en Estados Unidos,
que es el país pionero en temas de cumplimiento normativo y el que
ha alcanzado un mayor desarrollo en la materia, desde el año 2008
ha implementado un sistema de contratación en virtud del cual “para
poder ser siquiera una entidad capaz de contratar con la administra-
ción pública federal, debe contar con un programa de cumplimiento
anti-corrupción”. (López Donaire, M. 2016, p.73)
Como lo menciona Hartmann, W. (2012), estos programas referidos
a la contratación federal se fundamentan en cuatro objetivos básicos:
integridad al tratar con funcionarios federales (prohibición de pro-
mesas, dádivas o recompensas; prohibición de ofrecer puestos en el
sector privado tras abandonar el servicio público, etc.); honestidad en
el intercambio de información (prohibición de cualquier tipo de false-
dad documental, etc.); consolidación de relaciones éticas con terceras
partes (prohibición de kick-back
10
, etc.); fomentar la competencia leal.
9 El 26 de febrero de 2014 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron tres nue-
vas Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión;
2014/24/UE, sobre contratación pública y 2014/25/UE, relativa a la contratación
que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
10 Con la expresión “Kick-back” se alude básicamente a aquellos supuestos en los que
el administrador o el representante de una empresa, en el momento de cerrar un
contrato, acuerda con la otra parte contratante que esta le entregue una comisión
que, posteriormente, repercute al alza en el importe total que acaba pagando su
empresa al adquirir el producto o servicio contratados. Kaikati, G (200,p. 54)
11
Para cumplir con estos objetivos, cualquier empresa que contrate
con el gobierno federal debe disponer de un sistema de compliance que
contenga los siguientes elementos:
Un mapa de riesgo, un código ético y formación adecuada sobre el
mismo; revisión periódica para asegurar la ética de cumplimiento;
un mecanismo para reportar las conductas ilegales; determinadas
instrucciones que incentiven a los empleados a reportar; auditorías
internas o externas; acciones disciplinarias frente a la conducta
ilegal; reportar a tiempo a la administración pública; colaboración
plena con las agencias gubernamentales que se encarguen de per-
seguir las conductas ilegales. (López Donaire, M. 2016, p.27)
Como podemos evidenciar de los casos expuestos anteriormente,
tanto en Europa como en EEUU, la exigencia del compliance en mate-
ria de contratación se ha presentado con más fuerza. Nuestra región
no debe ser la excepción frente al desarrollo de políticas de preven-
ción de delitos encaminados a la lucha contra la corrupción ya que
los grandes casos de corrupción presentados en la región han surgido,
justamente, en materia de contratación pública, por lo que los Estados
deberían promover estas prácticas y replicarlas, no obstante, también
sería deseable, como señala NIETO MARTÍN (2014), que las Adminis-
traciones Públicas adoptaran en su seno medidas de prevención efica-
ces, inspirado en los programas de compliance de las empresas priva-
das, lo que él denomina public compliance
11
para detectar o mitigar los
riesgos no solo desde el ámbito penal.
4. APLICACIÓN DEL COMPLIANCE PROGRAM EN EL ECUA-
DOR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La corrupción es uno de los mayores problemas que azota a nuestra
sociedad, cada vez son más sofisticadas las formas de delinquir, así
como los actores que se involucran en estos casos. Ya que como lo
menciona Fons, J. Frente a esta dinámica los delitos se van perfeccio-
nando, lo que genera varios efectos nocivos para el país. En primer
11 Establece que dentro de la administración pública se deben replicar los programas
de compliance con su contenido y sus objetivos, ya que detrás de un acto de corrup-
ción, generalmente, hay un funcionario público involucrado. Ver: NIETO MARTÍN,
A: “Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y
partidos políticos”. Ed. Tirant lo Blanc, 2014.
12
lugar, el Estado se ve afectado en la recaudación de impuestos, consi-
derando que no existe declaración alguna por parte de los grupos que
operan de manera ilícita. (2003)
En segundo lugar, para poder encontrar a los responsables de los
delitos cometidos, se debe activar el aparataje estatal y sus colabora-
dores; es decir, el gasto público destinado a seguridad crece en corres-
pondencia al alza de índices de inseguridad y delincuencia. Por últi-
mo, la participación de funcionarios públicos y de figuras políticas en
ciertos casos de corrupción, crea desconfianza respecto de estas insti-
tuciones de manera general y, por ende, de todo el sistema. Lo que a su
vez crea inseguridad jurídica y, en consecuencia, falta de interés por
parte de compañías e inversionistas extranjeros, de ahí la necesidad
de regular los programas de compliance en el país. Bedoya M. (2017)
Por lo antes dicho, y frente a esta problemática, una de las medidas
que se deben implementar en el país es la exigencia del compliance
en materia de contratación pública como uno de los requisitos para
contratar con el Estado, en este sentido, el programa de cumplimiento
normativo, siguiendo los lineamientos internacionales, deberá evitar
al menos el cometimiento de delitos contra la administración pública.
Para lograr este propósito se debe establecer un mecanismo de recep-
ción de denuncias dentro de la empresa; así como los mecanismos para
detectar, a base de auditorías y controles internos, cualquier evento
sospechoso que pueda ser catalogado como la comisión de un delito.
Sin embargo, esta implementación no resultaría del todo atractiva,
ya que ni a las empresas ni a las entidades públicas les interesaría de-
nunciar actos delictivos de corrupción, que surgen en el seno de sus
actividades y que podrían involucrar a altos directivos o funcionarios
públicos, si no es posible la aplicación de alguna circunstancia de fa-
vorabilidad que beneficie la situación penal de la persona jurídica. En
ese sentido encontramos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
un régimen de responsabilidad penal aplicable a las Personas Jurídi-
cas, es decir, cuando se incurre en una conducta de las tipificadas en
el COIP, el proceso penal puede dirigirse no solamente contra el autor
persona natural, sino también contra la persona jurídica. Sin embar-
go, podríamos afirmar que este tratamiento normativo en el COIP es
incompleto, ya que no existen actualmente en nuestro sistema penal
circunstancias modificatorias de la pena que favorezcan la situación
penal, en ciertos casos, de las personas jurídicas.
13
Por esta razón debería incorporarse la aplicación del compliance en
materia penal, para completar la teoría delictiva respecto a la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador, ya que como se
mencionó, lo que se sanciona no es el cometimiento en sí del delito,
sino un defecto de organización dentro de la empresa, en este senti-
do, las personas jurídicas, deberían poder contar con mecanismos que
atenúen o eximen su responsabilidad penal con el objetivo que la res-
ponsabilidad recaiga contra la persona natural que cometió el ilícito,
permitiendo a la empresa demostrar, a través de la existencia de un
programa de compliance, que no existe tal falla o defecto en la organi-
zación de la empresa, ya que al demostrar solvencia organizacional,
quedaría fuera del poder sancionador del Estado. Araujo, P. (2014)
5. CONCLUSIONES
Frente a la problemática de la corrupción en la región los programas
de cumplimiento son creados y puestos en práctica para prevenir y
detectar la mala conducta, así como para asegurar que las actividades
empresariales se realicen de conformidad con las leyes aplicables. Di-
cho modelo se convierte de forma unívoca en el instrumento válido
para que la organización pueda acreditar el ejercicio de las tareas de
supervisión y control encomendadas, y a su vez, recibir los beneficios
de la aplicación del compliance program. En este sentido, en el Ecuador
es necesaria una reforma al COIP, que integre la posibilidad de acre-
ditar la existencia de un programa de cumplimiento normativo como
una circunstancia de favorabilidad penal que atenué la pena o elimine
la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Asimismo, el Estado debe fomentar e impulsar la autorregula-
ción en las empresas privadas, ya que la adopción de programas de
compliance tiene un mayor alcance en el ámbito de la contratación
pública reduciendo el riesgo de cometer delitos, por lo que resulta
necesario en el Ecuador una reforma que establezca como requisito
indispensable para contratar con el Estado, que la empresa cuente
con un programa de compliance efectivo para evitar actos de corrup-
ción desde una cultura de prevención.
Como se abordó en el presente trabajo, los beneficios del compliance
son varios, por lo que la práctica del compliance resulta sumamente pro-
ductiva, no solo en aspectos económicos para la empresa, sino también
para la sociedad en general, ya que estos mecanismos de prevención
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podrán posicionar a las empresas en rankings más altos, y garantizar
transparencia en los servicios brindados. En tal virtud, gracias a una co-
rrecta política de prevención que integre las necesidades de los princi-
pales actores económicos (empresa, Estado y sociedad) se puede acabar,
o la menos reducir los índices de corrupción en nuestro país.
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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el Ecuador. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
Artaza, O. (2013). Sistemas de prevención de delitos o programas
de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión
del riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal” polit crim.
Vol. 8, Nº 16 (diciembre 2013), [http://www.politicacriminal.cl/
Vol_08/n_16/Vol8N16A6.pdf]
Bedoya M. (2017). Compliance: su evolución y desafíos en Ecuador ¿ha-
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Recibido: 17 de junio de 2018
Aceptado: 8 de noviembre de 2018
José Ignacio Miranda Cifuentes: Investigador Jurídico, Gladys Terán
Abogados Asociados.
Correo electrónico: jimc92.jm@gmail.com
